El expresident Carles Puigdemont se encuentra en una prisión alemana en espera de presentrarse este lunes ante un juez, después de ser detenido en Alemania tras entrar en el país desde Dinamarca procedente de Helsinki, adonde había viajado para dar una conferencia. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena activó el viernes la euroorden de detención una vez dictado el procesamiento de los dirigentes independentistas. A priori, la detención en Alemania es una mala noticia para Puigdemont, ya que el Código Penal alemán prevé penas de diez años de prisión a cadena perpetua para un delito muy similar al de rebelión, que se le imputa en España a Puigdemont, y condenas de uno a diez años para los casos menos graves. Alemania es uno de los países con una colaboración policial más activa con España y, además, las relaciones entre Mariano Rajoy y Angela Merkel son excelentes.

Todo parece indicar que la escapada de Puigdemont ha llegado a su final. Si la justicia y las autoridades alemanas lo entregan a España habrá terminado el llamado Espacio Libre de Bruselas del que se habla en el hasta ahora fallido pacto de investidura entre Junts per Catalunya y ERC como uno de los pilares de la «construcción de la República». La Casa de la República ubicada en Waterloo tampoco tendrá sentido alguno.

La detención de Puigdemont -debido en parte al error de creer que podía viajar libremente por la UE estando perseguido por la justicia en España— provocó ayer manifestaciones de miles de personas en Barcelona, en las que se pidió a Alemania que no entregue al expresident por estar acusado de «delitos inventados», y en las que lamentablemente volvió a haber incidentes frente a la Delegación del Gobierno, con varios detenidos y decenas de heridos. La justicia se pronunciará, pero, aunque el relato de Llarena no guste a muchos, es una temeridad hablar de «delitos inventados». Lo que el independentismo debería hacer, después de las protestas por la detención, es asumir de una vez la realidad y prepararse en serio para elegir un president y formar un Gobierno que saque a Cataluña del bloqueo político. Y, por supuesto, oír a las voces que claman que el movimiento independentista ha sido y debe continuar siendo pacífico. Los incidentes sucedidos no deben ser más que hechos aislados y no un intento de paralizar la comunidad autónoma.