Viendo lo que sucede en el ruedo ibérico casi da vergüenza volver a la microrrealidad aragonesa, tan interior, tan provinciana, tan irrelevante. Pero tengo por norma dedicar el artículo de los domingos a cosas de la Tierra Noble y en este caso he rechazado la oferta de ubicarme en las páginas relativas al conflicto catalán. ¿O es que en Zaragoza y el resto de la semivacía Comunidad no suceden cosas que nos importan?

Por ejemplo, esta misma semana, cuando Rajoy y Puigdemont sostenían su peculiar e inoperante relación epistolar, a los zaragozanos empezaban a llegarnos los recibos del ICA (Impuesto por la Contaminación de las Aguas), que no son moco de pavo y que en los próximos meses incluirán el pago correspondiente a 2016, a 2017 y casi inmediatamente a 2018. El sablazo va por cuenta del Gobierno de Aragón, que ha forzado al Ayuntamiento cesaraugustanos a facilitarle el cobro, porque si no la cosa iba a los tribunales. Y ya se sabe que en ese ámbito a Santisteve y a Cubero no les tratan muy bien que digamos. Así que el Consistorio fue sometidos al imperio de la ley, no sin que sus gobernantes protestaran y rabiasen como suelen. Pero no había nada que hacer: Zaragoza apoquinó el tremendo coste de su depuradora y ahora debe acudir al rescate del Plan de Depuración de Aragón, porque este he derivado en una pura y simple ruina, un desastre.

El ICA ha de ser la única manera de mantener en marcha aquella ficción según la cual todos los pueblos tierranoblenses devolverían a la naturaleza un agua tan limpia o más que la que habían tomado para su abastecimiento. Digo ficción porque luego algunas depuradoras no se hicieron (en algunos casos, la gente hubo de llevar sus desagües hasta la red general, pagándoselo de su bolsillo, y luego nada más se hizo, y las aguas sucias siguen vertiéndose en el río más próximo), muchas se hicieron sobredimensionadas, todas salieron carísimas, la gestión (privatizada) ha sido un lío... En suma, un chanchullo superior. Se supone que las Cortes de Aragón van investigar este oscuro asunto. Pero decidir cómo se habrá de averiguar qué pasó y qué no paso no parece fácil.

Claro, porque el Plan de Depuración fue cosa del PAR, pero el PSOE y el PP también pasaban por allí. Así que ninguno de estos dos partidos quiere mover el tema, ni tampoco Ciudadanos, en parte porque va a donde van los otros y en parte porque entre sus cuadros hay algunos exregionalistas que no querrán renegar de sus orígenes. Ello explica que en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde la oposición anda todo el día gimiendo, gritando y mesándose los cabellos por cualquier problema sea del tamaño que sea, hayan pasado de puntillas por esto del nuevo impuesto. A los vecinos de la heroica ciudad nos crujirán a base de bien, pero, oye, esto no cuenta. Si acaso para echarle la culpa a Santisteve. O a Cubero. Ya puestos.

En fin, parece ser que el ICA es conforme a Derecho, además de un deber de solidaridad con el resto de Aragón que ni Zaragoza ni otros municipios (que ya lo pagan aunque carecen de sistema de depuración alguno) pueden eludir. O sea, un chanchullo legal. Pero chanchullo, ¿eh?