El documento de regeneración democrática presentado el sábado por la presidenta regional del PP, Luisa F. Rudi, tiene más de lifting que de verdadera cirugía. De entre las 41 medidas, las hay que podrían ponerse en marcha solo con el compromiso autonómico, pero otras dependen de cambios legislativos nacionales. Entre las primeras llama la atención las que sugieren para el Justicia de Aragón y para la Cámara de Cuentas, dos instituciones recogidas en el Estatuto de Autonomía. Proponen que el ombusdman aragonés tenga un mandato máximo de seis años y que el candidato pase un examen de idoneidad --¿solo él?--. Respecto al órgano fiscalizador de las administraciones públicas, quieren reducir sus efectivos de tres a uno. Justo ahora que exigen más medios para poder cumplir eficazmente con sus funciones. Deberían repensarlo.