Ilegalizar al PP

Conforme avanzan los tiempos, resulta cada vez más evidente que existe un entramado corrupto que vincula a amplísimos sectores de la empresa privada española con las estructuras de financiación del Partido Popular. No nos hallamos antes casos solo de enriquecimiento personal mediante el saqueo del dinero público, sino de desvío de ese dinero para sostener, presuntamente, la actividad partidaria y, más concretamente, las campañas electorales. El resultado es que el PP lleva acudiendo dopado a las citas electorales desde hace años, colocándose de ese modo en una situación de privilegio que le permite adulterar los resultados electorales, cosa tremendamente seria. Es tanto como decir que el PP gobierna gracias a su presunta actividad delictiva. El PP es el Ben Johnson, el Lance Armstrong de la política. Sus triunfos son pura química financiera, una gran mentira con efectos políticos y sociales demoledores.

Pero es que esos triunfos electorales, que otorgan al PP su condición de gobierno del país, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, le proporcionan un control del aparato del estado, como reconocían Ignacio González y Zaplana, que utilizan para asentar todavía más su poder. Desde el gobierno controlan el poder judicial, colocando en sus engranajes a personajes afectos a la causa y dedicados a evitar, mediante dilaciones, cambios de jueces, traslados y argucias varias, que las investigaciones lleguen a buen puerto. Pero es que también controlan a los cuerpos de seguridad del Estado, al frente de los cuales han colocado en ocasiones a personas que ahora están imputadas de delitos. ¿Puede haber algo más contradictorio y demencial que hayamos tenido a personas de dudosísima condición al frente de la policía o de las delegaciones del Gobierno?

Y desde ese control del Gobierno, se dedican a pagar los favores recibidos de sus empresarios afectos. Además de ser una opción ideológica, la política de privatizaciones, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de las autopistas, debe ser enmarcada dentro de una dinámica de devolución de favores, en la que los amiguitos del alma se hacen con la gestión de lo que antes eran servicios públicos. Y claro, como lo único que interesa es el negocio, el resultado es una gestión catastrófica, como constatamos a diario. Todo ello con la aquiescencia de una mayoría de medios de comunicación que, en realidad, forman parte de ese entramado empresarial que se beneficia de las prebendas que desde el Estado se conceden a sus incondicionales.

En realidad, nos hallamos ante un muy complejo entramado de intereses que transitan del mundo de la empresa al de la política y al de la comunicación a la busca del mayor beneficio posible. Por ello resulta imprescindible la ilegalización del PP, para evitar la consolidación de este modelo de tintes mafiosos. Y para ello bastaría una leve modificación de la Ley de Partidos, ampliando su radio de acción no solo contra quienes no condenan la violencia sino contra quienes se nutren constantemente de la corrupción.

No se trata de dejar sin voz a la derecha de este país. Precisamente se trata de que la gente honesta que por sus convicciones defiende opciones conservadoras construya un partido ajustado a esa honestidad. Que se borre del mapa un pasado de ignominia e indecencia y se dé paso a una formación respetuosa de la legalidad.

Cuando el escándalo de las tarjetas black, escribía la reina Leticia a su compi-yogui López Madrid, encarcelado ahora en el curso de la Operación Lezo: «Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde». Lo demás, mierda. Tiene la virtud la reina de caracterizar a la perfección a la élite de este país: el hedor a mierda que emana resulta insoportable.Es hora de enchufarle la manguera y no dejar rastro de ella.

*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza.