El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ve legal el impuesto autonómico a las grandes superficies que se aplica en Aragón, Cataluña y Asturias. Responde así a cuestiones que le planteó el Tribunal Supremo por los recursos presentados ante la justicia española por la patronal de las grandes empresas de distribución. En Aragón el impuesto se puso en marcha en 2005 e ingresa unos seis millones al año. Las grandes superficies, que atraen multitudes, generan unos flujos de circulación de vehículos y necesidad de infraestructuras que afectan al medio ambiente. Y el impuesto las compensa. Las grandes superficies lo considerarán un varapalo, pero deben reconocer la especificidad de su modelo.
