A pesar de que, según estadísticas recientes, Zaragoza es una de las ciudades de España con un mayor índice de crecimiento en viviendas de nueva construcción y, paralelamente, con un número muy significativo de registros de transacciones de compra-venta de inmuebles, tanto de primera como de segunda mano, se detectan, a día de hoy, importantes problemáticas de protección y de cobertura social relacionadas con el derecho a poder ocupar una vivienda en condiciones dignas y con cierta garantía.

Las políticas desarrolladas a lo largo de los años más duros de la crisis, relacionadas con la idea de que la regeneración formal y energética de los parques de vivienda existentes podrían suponer, a medio plazo, una solución sobre el problema de la vivienda en nuestro país, a todas luces, han sido erróneas. Por otro lado, la cultura del alquiler en España sigue sin cuajar y sin consolidarse, sobre todo, cuando la comparamos con los indicadores que nos llegan desde otros estados de la Unión Europea, por ejemplo, con los de Alemania.

Así, desprovistos de una legislación que regule y libere más y mejores fondos económicos para el incentivo de planes de promoción de vivienda pública, tanto de protección oficial como de carácter social, vemos que, para muchas familias, la única solución que les queda para poder subsistir pasa por adherirse a alguno de los planes de gestión de alquiler social. Las distintas administraciones, Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, vienen organizando, a través de bolsas de inmuebles privados, un registro de ofertas que permite a las familias más vulnerables poder tener, cuanto menos, un cobijo.

No obstante, a pesar de que este programa es muy valioso y pertinente, no podemos conformarnos con este tipo de iniciativas parciales, puesto que, en parte, la desprotección social a la que nos referimos viene motivada por la ausencia de una oferta equilibrada con respectos a la demanda actual de vivienda.

Ese desajuste de la oferta, a su vez, viene motivado por el hecho de que la infravivienda está adquiriendo en las últimas décadas un repunte bastante elevado. El envejecimiento del parque inmobiliario nacional, carente de mecanismos de protección, hace que esas viviendas salgan del circuito comercial inmobiliario, lo cual, genera una mayor expectativa de desarrollo de obras de nueva promoción, con el consiguiente incremento del precio de los inmuebles, naturalmente ya mucho mejor equipados y ejecutados bajo unos parámetros de repercusión económica más elevada. Sirva como ejemplo visual la comparación entre el voraz desarrollo de la zona de Parque Venecia, frente al aislamiento y deterioro vertiginoso que se percibe en el Casco.

Además, habría que apuntar que la inercia del sector hipotecario actual, dilapida, por naturaleza, cualquier expectativa de competitividad del mercado de reforma sobre futuras intervenciones en el tejido urbano consolidado. Dicho de otro modo, el hecho de que las hipotecas cubran un grueso importante de la inversión necesaria que las familias deben hacer para comprar un inmueble de nueva promoción, frente a la dificultad que se presenta cuando toca reformar un inmueble antiguo, en donde la cobertura del gasto por parte de las entidades bancarias, en la mayoría de los casos, se limita sólo a la compra-venta (dejando sin cubrir el coste correspondiente a los gastos de reforma), hace que la balanza caiga, con razón, en favor de las operaciones de nueva planta.

Se genera de esta forma una reiteración sistemática de la cual resulta complicado escapar; por ello, queremos dejar constancia de que el envejecimiento de las ciudades favorece el aumento de la infravivienda, toda vez que posibilita el desarrollo de nuevos suelos, con el consiguiente acompañamiento de un proceso mercantil especulativo, cuya solución, a priori, sólo podría lograrse con el despliegue de estrategias político-sociales coherentes y sensibles con estas realidades de nuestro tiempo.

En este contexto y a modo de resumen final, venimos a justificar que la desprotección social y la falta de oferta de inmuebles, en donde no haya que hacer una inversión cuantiosa en reformas, esto es, inmuebles no catalogados o asemejados a infravivienda, exigen plataformas de reflexión desde donde se puedan trazar estrategias de intervención en la ciudad que posibiliten oportunidades verosímiles, especialmente destinadas para familias con rentas medias y bajas, o para familias en un estado vulnerable.

*Arquitecto. El artículo también lo firma Marta Pilar Díaz Monreal, educadora social.