Investidura y excepcionalidad en Cataluña

La investidura del nuevo president de la Generalitat es la última oportunidad que le queda a las instituciones catalanas para recuperar la normalidad tras el intento de declaración de independencia del pasado 26 de octubre y la inmediata puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución ante la flagrante vulneración de la legalidad desde el Gobierno que presidía Carles Puigdemont, apoyado por una parte del Parlament. Las elecciones del 21-D fueron una catarsis, pero ahora son los grupo parlamentarios los que deben trabajar para recuperar la normalidad. Y los primeros movimientos no son excesivamente alentadores. El partido ganador de las elecciones, Ciutadans, no se ha visto con fuerzas para conseguir una mayoría de gobierno. El análisis que han hecho es de un realismo nada criticable, pero tiene como efecto indeseado el de haber cedido desde el minuto uno la iniciativa política a los grupos independentistas pese a no haber superado nuevamente el 50% de los votos. Y, dentro de este bloque, el mando lo ha tomado la candidatura de Junts per Catalunya creada entorno al president destituido por el 155, Carles Puigdemont, que quedó segundo en las elecciones con el compromiso de volver a la presidencia. Lo que no dijo, y ahora pone a Cataluña de nuevo al borde del precipicio, es que pensara ejercerla desde Bruselas, donde sigue para eludir la acción de la justicia española. Como ha dejado claro el Tribunal Constitucional, para poder ser reelegido debe volver, presentarse ante el juez y solicitar permiso para acudir al Parlament. La obstinación de una facción dentro de un grupo parlamentario en el interior de un bloque político puede resultar finalmente letal para los intereses de los catalanes y, por lo tanto, de Cataluña.