Supongo que a estas horas del sábado España está reflexionando sobre a quién votar mañana. La ley electoral vigente impide que hoy se pueda pedir el voto, y que desde hace seis días se publiquen encuestas; una bobada, vamos. Estas cuestiones son dos de las muchas trabas que esta ley impone a los ciudadanos. Porque el sistema electoral que rige en España es tramposo e injusto, y, desde luego, habría que cambiarlo de manera inmediata para que la voluntad popular se reflejara directamente en las instituciones, y no, como ocurre ahora, de modo tan desigual. Quien diseñó todas estas normas y leyes en 1977 sabía lo que hacía, e introdujo una serie de correcciones que falsean el voto de los españoles, primando a los partidos mayoritarios. Los ejemplos son abrumadores. Para lograr un escaño o una concejalía es necesario obtener un mínimo del 3% o del 5% de los votos; de manera que podría darse el caso, y probablemente se van a dar algunos mañana, de que cuatro listas electorales sumaran entre ellas casi el 20% de los votos y no consiguieran ni un solo representante, y una lista con el 30% obtuviera mayoría absoluta. Para sacar un diputado (autonómico o nacional) en las provincias de Soria, Teruel o Ávila hacen falta unos pocos miles de votos, mientras que para sacarlo por Madrid o Barcelona son necesarios un par de cientos de miles. En el Senado, la desproporción es aún más escandalosa: la provincia de Teruel, con poco más de cien mil habitantes, elige cuatro senadores, la de Madrid, con más de seis millones, otros cuatro. Y por si estas desigualdades fueran pocas, a los votos emitidos se les aplica el sistema dIHont, una manera de repartir escaños y concejalías que prima de manera injusta a la lista más votada. La suma del reparto por circunscripciones más la distribución por el sistema dIHont es, sencillamente, una perversión. La regeneración democrática que exige una buena parte de la población española pasa por acabar con los corruptos y obligarles a que devuelvan lo robado, por supuesto, pero también por cambiar una ley diseñada para perpetuar un modelo inmovilista, en el que los políticos "profesionales" se pasan toda su vida de cargo en cargo, y de mamandurria en mamandurria. Habrá que adecuar los votos a los escaños, que el voto de todas las personas valga lo mismo, que se elimine el Senado (sólo sirve para colocar a unos cuantos "profesionales"), que nadie ocupe un sillón más de dos legislaturas...; habrá que cambiar muchas cosas.Escritor e historiador