Cambiar las reglas del juego una vez iniciado es hacer trampa. Y hacerlo poniendo en jaque las pensiones de decenas de miles de trabajadores, una auténtica ignominia. Eso es lo que ha cometido la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social al variar por sorpresa y de tapadillo los criterios para la jubilación anticipada de los mayores de 55 años que perdieron el empleo pero suscribieron un acuerdo con el propio organismo público para seguir cotizando de su bolsillo y poder retirarse a los 61 años, con la correspondiente merma de la pensión. Quienes confiaron en la seriedad de la Administración ven ahora que esta ha decidido retrasar al menos dos años, hasta los 63, las jubilaciones pactadas. Nadie ignora que el sistema público de pensiones está debilitado y amenazado a medio plazo, pero su sostenibilidad depende en gran medida de que se cree empleo suficiente y de calidad, no del ahorro --escaso, además-- con un recorte de derechos a trabajadores que han cotizado en torno a 40 años o más. Estamos ante un despropósito que es preciso corregir cuanto antes.
