El juez de Huesca competente en el caso de los bienes de Sijena retenidos en el Museo de Lérida emitió anoche una providencia en la que ante la nula colaboración de Cataluña autoriza a que el Gobierno de Aragón pueda recuperarlos a partir de la medianoche del domingo «con el uso de la fuerza» si es necesario. Fue la respuesta del juzgado a un alambicado recurso de reposición contra el traslado por parte de la Generalitat, cuyo actual consejero en funciones es el ministro Méndez de Vigo, y en alguna medida a un escrito de súplica del alcalde de Lérida, Ángel Ros, que llegó a invocar ayer una situación de presunta alarma social para retener los bienes.

El día 11 el Gobierno aragonés está facultado por el juzgado para presentarse en el museo diocesano que guarda actualmente las obras en litigo y llevárselas. En el bien entendido de que ese traslado no va a ser cosa de unas horas sino que puede prolongarsre a lo largo de varias jornadas, es comprensible que el propio Ejecutivo central vea con preocupación la posibilidad de que el retorno de los bienes de Sijena, si ha de ser impuesto por orden judicial y amparado por las fuerzas del orden, mantenga en los medios la imagen de la Guardia Civil ocupando de hecho el Museo Diocesano de Lérida mientras los técnicos de la DGA disponen, embalan y sacan las piezas. Todo ello en plena campaña electoral ante el 21-D, cuando tantas cosas hay en juego en Cataluña y el resto de España. Pero por otra parte existe ya una sucesión de sentencias que protegen los derechos de Aragón en este asunto, que invalidan una venta ilegal de cabo a rabo y que definen sin asomo de dudas un expolio que habría de avergonzar a sus autores y a quienes hoy pretenden justificarlo y sostenerlo contra viento y marea.

Habría sido preciso llegar a un acuerdo entre instituciones que hubiese normalizado el retorno de los disputados bienes. Pero en Cataluña nunca ha existido una mínima voluntad al respecto. Cargos públicos de todos los partidos, desde la Generalitat del Tripartito a la soberanista, pasando por el ayuntamiento leridano y los responsables de esa diócesis han mantenido una actitud cerrada, pretendiendo ser expoliados en vez de expoliadores e integrando los argumentos contra la devolución con el mismísimo ideario independentista.

Llegados a este punto, solo cabe sostener el derecho de Aragón y aplicar las órdenes judiciales. Con prudencia pero con energía.