Los primeros quince días de intertevención de la Generalitat por el Estado han sido de una inusitada e inesperada calma, tras un aterrizaje silencioso pero efectivo del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría capitaneado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro. Frente a los agoreros, se ha demostrado que la Administración en España se beneficia de una inercia poderosísima y a veces eficaz, dentro de sus desajustes, y que en una mayoría de actos públicos dependientes de Gobiernos (otra cosa es el legislador) la acción de los políticos tiene una importancia relativa. Todo ello, sin menoscabo del papel discreto adoptado por los desplazados desde el Gobierno del PP. Su perfil público más que bajo, inexistente, trabajando por la normalidad y sin histrionismos, ha supuesto una vuelta a la tranquilidad.

Ahora bien, habrá asuntos de aquí al 21-D en losque la política elusiva y discreta del PP no será suficiente. Ayer se conoció un auto del nuevo titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que puede hacer retemblar los cimientos de los palacios catalanes. El juez requiere al Gobierno central la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena retenidos por la Generalitat, al entender desde una óptica meramente procesal que tras la activación del artículo 155 es procedente reiterar el requerimiento efectuado a tal efecto en su día a los exconsejeros de Cultura Lluís Puig y Santi Vila (huido y renegado, respectivamente) «ahora en la persona del ministro de Cultura», Íñigo Méndez de Vigo, en su calidad de titular de facto de la consejería en Cataluña. Y no formula este requerimiento de modo genérico, sino que lo hace emplazando al ministro a que señale la ubicación exacta de las piezas a devolver y a que informe de la fecha de entrega y de los medios con los que se realizará, para que el Gobierno de Aragón prepare la recepción.

A los catalanes les parecerá que el juez se excede, al ministro Méndez de Vigo que le ha caído encima una decisión comprometedora porque pasaba por allí, pero en Aragón debemos aplaudir la determinación del nuevo juez competente. No solo ha exigido a Cultura que devuelva las piezas, sino que ha reclamado a la Guardia Civil su participación para garantizar que la disposición llega a buen fin. ¿Le temblará el pulso a Méndez de Vigo? ¿Desatenderá la petición de un juzgado? No debiera, y aunque la resolución no sea firme, está en su mano cumplir la providencia judicial. Y si en Cataluña alguien se rasga las vestiduras, que los hubieran devuelto la Generalitat cuando fue instada por primera vez.