A veces, los presidentes del Gobierno toman decisiones asombrosas que escapan a la lógica de los demás mortales. Una de las más sorprendentes fue el nombramiento de Rafael Catalá, funcionario del Estado que durante un tiempo ejerció como secretario general de Codere, empresa dedicada al sector de los juegos de azar, como Ministro de Justicia. Antes de dedicarse a estas cosas tan inocentes de las tragaperras y los casinos, Catalá ocupó altos cargos en la Administración del Estado, entre otros el de Subsecretario de Estado de Hacienda (otro político más inmerso en las puertas giratorias). Por cierto, ¿es ético que quien ha sido subsecretario de Hacienda pase directamente a gestionar los asuntos privados de una empresa dedicada a los juegos de azar, donde se mueven tantos intereses económicos? Desde que fue nombrado ministro, Catalá suele protagonizar cada poco tiempo episodios lamentables. Esta semana la ha vuelto a liar con unas declaraciones en las que descalificaba a las fiscales que llevan el caso de la presunta corrupción del presidente de Murcia, presionándolas de manera insensata. El asunto es tan grave de la Unión Progresista de Fiscales acaba de pedir la dimisión de este curioso ministro por «amenazas e intromisión intolerable en la labor judicial», a la vez que lo han acusado de «desconocer la ley».

Con un tipo como Catalá, que actúa más como un guardaespaldas del Gobierno que como el responsable de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, al frente de Justicia, no es de extrañar que los españoles apenas crean en la independencia del poder judicial. Y mucho menos cuando desde ese ministerio se tramitan expedientes de indultos a políticos condenados en firme por corrupción y a delincuentes que suelen tener, casualmente, relaciones familiares o de amistad con miembros del gobierno en cuyo Consejo de ministros se sienta este señor.

Ayer mismo Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por sus turbios negocios en el caso Nóos, en el que también estaba implicada como socia su esposa Cristina de Borbón, que ha quedado absuelta de cualquier delito pese a que firmaba las actas y se beneficiaba del dinero ilícito, aunque deberá abonar un cuarto de millón de euros como responsable a título lucrativo. Sorprendente.

Pero que nadie se preocupe, que el ministro Catalá ya se encargará de intervenir en el caso de que haya que indultar a alguien afín. Eso sí, Rajoy hará como que no mueve un solo dedo. Por eso lo llaman ya «El Impasible».

*Escritor e historiador