¿La inactividad de los obispos?

Debemos dejar de acusarnos unos a otros de no hacer lo necesario para recuperar los bienes o llegar a la necia conclusión de que la culpa es de nuestros obispos; los demás, autoridades civiles incluidas, absueltos.

¿Serán esos obispos los verdaderos responsables de la apropiación de ese depósito mantenido en Lérida con el auxilio a cara vista, de la Generalitat catalana y contra el parecer de los depositantes y de la ley?

Leo que se acusa a los obispos de "evidente inactividad" por la negativa de estos a "ceder los bienes"; es opinar sin la información precisa. Los obispados contestaron con sendas y extensas cartas, a la brevísima que les había remitido la presidencia de la comunidad, acompañada de un también escueto acuerdo del Consejo de Gobierno y sin que se sepa, si les precedió algún informe jurídico que motivara lo que se pedía.

"Los obispos se ponen de perfil" (¿serán toreros?) leí en un diario oscense aunque no en su editorial, sino como opinión de un señor con su nombre y apellidos, que acusaba a dichos prelados de osadía por "impedir que sea la legislación civil (la) que medie en el entuerto de los bienes que los catalanes robaron a Aragón" (sic).

Pero la cuestión es ahora, más política que jurídica. La palabra la tienen Madrid y Roma, casi por ese orden, aunque no falte quién crea que la ejecución de las sentencias pendientes de llevar a efecto, dependa de los obispos.

¿Viviremos en Babia? No; vivimos en el país de la inhibición y al que se mueve, se le llama inactivo. Ahora, la cuestión no se resuelve emprendiendo otro pleito sino ejecutando los dos fallados uno por Roma (28-4-2006) y otro por Lérida (6-9-2010).

Tiene algo de naif, de ingenuidad deliberada, suponer viable que aquellos obispos puedan pedir la ejecución de esas sentencias y que encontrarían un juez ad hoc; que los obispados altoaragoneses cedan los bienes reclamados al Gobierno de Aragón, equivaldría ¡a estas alturas!, a poner el carro delante de los bueyes o a ir a Roma por Nueva York.

Tengamos pues, la dignidad de no ser inicuos con aquellos obispos altoaragoneses tan malentendidos. Precipitada y poco reflexivamente, se les acusa "de evidente inactividad" pero no es cierto, a menos que llamemos inactividad a haber ganado las dos sentencias citadas que ahora son firmes, definitivas e irrecurribles. ¿Es eso inactividad o fueron otros los inactivos?

Desde el Obispado de Barbastro-Monzón, también se intentó obtener el Exequátur pero pese al apoyo de la Fiscalía oscense, no fue posible acaso por no estar prevista la hipótesis de un pleito entre dos diócesis, no se sabe.

¿Dónde está la inactividad que se imputa con escaso sentido de la Verdad y de la Justicia?; nadie ni civil ni canónicamente, hizo más que se sepa y se pueda demostrar, por recuperar los bienes. Repito: nadie.

No es verdad que los prelados de Huesca y Barbastro-Monzón se escuden en la dificultad de que la Santa Sede autorice el traspaso de la propiedad de los obispados a la comunidad autónoma, porque ni se ha pedido. Sí es verdad sin embargo, que la indispensable autorización de la Santa Sede no se ha pedido y también es verdad que de hacerlo, eso conllevaría un procedimiento y un tiempo que probablemente no sería menor que el que falta por discurrir de la actual legislatura. Adivina adivinanza.

La ayuda del Gobierno de Aragón es indispensable, ahora y mañana aunque no para suplir a los obispos sino para que ese Gobierno, ejerciendo su tutela legal sobre el PCA, consiga del Gobierno central que se ejecuten las sentencias recaídas en el asunto por sí mismo o negociando con el Vaticano que para eso se firmaron y ratificaron los acuerdos adoptados entre Iglesia y Estado el 3 de enero de 1979. Lea quién lo necesite el art. VII de ese acuerdo y de paso el art. 118 de nuestra Constitución. Si insistimos en eludir el derecho, caminaremos torcidos y eso también, cobardemente inhibidos.

Dios nos libre de olvidar las reglas de nuestra cotidiana convivencia.