La UE no superaría un examen de funcionamiento democrático a que somete a los estados candidatos a integrarse en ella. Según Marc Peguera en El mito de la Europa democrática, desde su inicio la integración europea ha sido un proyecto elitista, en el que la participación popular no se ha tenido en cuenta y hoy sigue igual. Sus padres fundadores como quienes la imaginaron y diseñaron formaban parte de las élites políticas, económicas y aristocráticas.

En el proyecto inicial de integración basado en un acuerdo comercial franco-alemán los ciudadanos no tuvieron voz ni voto. De hecho, según Perry Anderson, la figura central en el nacimiento de la integración europea, Jean Monnet, «era una figura ajena al proceso democrático (…). Nunca se dirigió a una multitud ni se presentó a unas elecciones. Evitaba cualquier contacto directo con el electorado y se limitaba a trabajar exclusivamente con las élites». La primera consulta a la ciudadanía fue el referéndum británico del 5 de Junio de 1975, dos años después de la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea.

En Se vende democracia Kristin Ross demuestra la inexistencia de democracia en la UE. En junio de 2008, los irlandeses rechazaron en referéndum la Constitución europea. Uno de sus principales autores del tratado, Valéry Giscard d’Estaing admitió con una gran desfachatez que la versión inglesa del texto y con 312 páginas en este idioma, apenas había sufrido revisión alguna respecto al documento que habían rechazado en años anteriores los franceses y holandeses, cuando fueron consultados en referéndum. En España el referéndum en 2005 fue afirmativo. «Los instrumentos son exactamente los mismos. El orden es la única caja de herramientas». O lo que es lo mismo, se sometió a votación el mismo tratado, aun sabiendo que lo habían rechazado franceses y holandeses.

Ahora, como señalaban los grandes medios de comunicación, se cernía en torno a la consulta irlandesa la sombra de una «anomalía» en la Constitución irlandesa, ya que esta les daba derecho a manifestarse sobre tal tratado en votación popular, cuando los demás países, entre los que estaban ahora Francia y Holanda, traspasaban la decisión a sus diputados. La «anomalía» irlandesa era vista como un peligro para que se deslizase por derroteros irracionales y destructivos. Poco antes de la convocatoria, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner advirtió a los irlandeses de que debían votar afirmativamente en agradecimiento a los favores que les había hecho Europa. Se suponía que el referéndum sería un mero trámite. Sin embargo, los irlandeses decidieron considerar que estaban ante un auténtico ejercicio democrático y rechazaron el tratado. Los funcionarios de la UE atribuyeron la responsabilidad del «No» al populismo. Insistieron que era obligado instar a los irlandeses a una nueva votación, hasta que saliera el «Sí». Gircard el europeista convencido: «Es preciso que los irlandeses tengan la posibilidad de expresarse otra vez».

Y se les dio la oportunidad con el resultado esperado por las élites.

Josep Mª Vallés en ¿Regeneración democrática sin contexto? Condiciones socioeconómicas y culturales para un cambio difícil, señala que en la UE son órganos y personal no electos los que toman las decisiones básicas con escasa publicidad y transparencia: el paradigma es el Banco Central Europeo (BCE), aunque ni la presidencia del Consejo ni de la Comisión-ni tampoco los comisarios- gozan de refrendo electoral directo. No se estructura una oposición organizada al Ejecutivo de la UE como medio de control. Sin embargo sus órganos de decisión son muy permeables a los grupos de interés y lobbies.

En relación a los debates sobre el déficit democrático de la UE existen dos posturas contrapuestas: la que ve en tal déficit una anomalía fortuita y curable, y la que lo considera como no fortuito, sino perfectamente diseñado y pensado. En el primer caso, cabría la posibilidad de corregirlo con una movilización transestatal. Los intentos, si los ha habido, han sido irrelevantes, tal como constatamos en el funcionamiento institucional de la UE.

En el segundo caso, el déficit democrático no solo no es negativo, sino que es funcional y necesario, para librarse del control directo de la ciudadanía sobre las grandes decisiones políticas. En definitiva, de lo que se trataría es poner a salvo de dicho control la puesta en marcha del proyecto neoliberal de integración económica y financiera sin cargar con el lastre de llevar a cabo políticas redistributivas de carácter social.

En este proyecto, el mecanismo de toma de decisiones en la UE tiene una doble finalidad: deja las grandes decisiones políticas en manos de los tecnócratas, que no deben someterse a ningún examen electoral y exime a las élites estatales de responsabilizarse de la impopularidad de unas decisiones que proceden de unas instancias superiores, y que inexorablemente tienen que ser puestas en práctica, ya que de no hacerlo sobrevendrían grandes daños económicos para toda la sociedad. Se ha consumado así la des-democratización de las grandes decisiones políticas de las que ninguna instancia electiva se responsabiliza: ni las de los estados porque las han transferido a la UE, ni las de la UE porque las toman órganos comunitarios -sobre todo el BCE- alejados de toda responsabilidad electoral ante la ciudadanía.

*Profesor de instituto