Las afirmaciones de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, valorando la sanidad privada por encima de la pública chocan frontalmente con cualquier dato objetivo al respecto. Si algo está claro, a tenor de las estadísticas de alcance mundial, es que el sistema público de salud español, gratuito y universal, no sólo ofrece una atención de alta calidad sino que es de los más baratos. En Estados Unidos, paradigma global de lo privado, el gasto sanitario por habitante es muy superior al de nuestro país. Es algo sabido, mil veces comentado y argumento habitual en los debates que se vienen produciendo en los propios USA.

DEMASIADA ALEGRÍA

De asuntos tan cruciales como el de la sanidad se está hablando con tremenda ligereza. Con el pretexto de la crisis, quienes pretenden convertir el derecho a la salud en un negocio lanzan afirmaciones temerarias, falsas y contrarias a los más básicos intereses de la ciudadanía. En el caso que nos ocupa la intención es muy clara: privatizar la sanidad por la vía de los conciertos o más directamente mediante la adjudicación a particulares de la gestión de los hospitales públicos (algo que ya ocurre en Madrid o la Comunidad Valenciana), lo cual sería absurdo y desastroso.

En este dilema hay muchas cosas en juego. La igualdad, por supuesto, pero también la calidad asistencial, la investigación, la aplicación de los últimos avances tecnológicos, la formación de profesionales altamente cualificados, la seguridad de la población... Todo ello depende del sistema sanitario público. El ámbito privado, en nuestro país, es poco más que un adorno.

MEJORAS IMPRESCINDIBLES

Nadie negará, pese a todo lo dicho, que la sanidad pública española no precise mejoras constantes en su organización y productividad. Es preciso sostener y optimizar la eficacia del sistema y recomponer su integración ahora que forma parte de las competencias autonómicas. A ello deben dedicarse los gobernantes.

La sanidad pública española tiene que ser aún más eficiente. Las listas de espera deben reducirse, la red de atención primaria ha de potenciarse y desencuentros como el que se está dando entre los servicios sanitarios de Aragón y Cataluña tienen que resolverse de inmediato. Aplíquense a la labor los consejeros Oliván y Boí. Es su obligación.