A quienes dirigen las instituciones, gobiernan lo público y gestionan nuestro dinero, el de los impuestos, tenemos el derecho de exigirles que sean honrados y además que lo parezcan. No solo tienen que cumplir las leyes, solo faltaría, sino que tienen que tener comportamientos éticos y transparentes, en los que no quepa ninguna duda de la honradez de su gestión.

Pero esto no siempre es así. CHA ha denunciado la participación en las listas del PAR de un número sospechosamente elevado de trabajadores de empresas públicas controladas por el departamento de Medio Ambiente y la respuesta del consejero Boné ha sido decir que esas personas tienen derecho a ir en las listas que quieran. Por supuesto, pero, al margen de derechos y cumplimientos legales, tanta afinidad política con el partido que les ha contratado es sorprendente, y la respuesta del consejero en nada contribuye a despejar las dudas. Debe ser, como dice mi amigo Trasobares, que la derecha está tan convencida de que ha nacido para gobernar, que no entiende como alguien puede poner en cuestión este derecho casi divino pidiendo explicaciones y transparencia.

Claro que la prepotencia y el despropósito no son monopolio de la derecha. El PSOE ha demostrado tener su cuota manteniendo como candidato a alcalde de Escucha a una persona, con antecedentes en 1999 por corruptela con fondos públicos, que ha revelado datos de un oponente político, conocidos por su condición de médico, por lo que ha sido condenada a dos años de cárcel. Con este currículum ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que le impida presentarse, resulta difícil de entender tanto empecinamiento. Y no es suficiente con aceptar lo que diga la justicia, el filtro debe estar en las direcciones de los partidos y no los tribunales.

No es esta la mejor manera de ganarse la confianza de los ciudadanos, ni de demostrar la voluntad de los partidos políticos de mantener principios éticos.

Físico