La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) nació sin consenso de los agentes estatales implicados en la educación, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Si se está aplicando es gracias a una mayoría del PP, absoluta y arrolladora en sus formas de hacer política, que permitió al Gobierno de Rajoy ejecutar sus medidas sin necesitar a nadie más en la pasada legislatura. Con el paso del tiempo, ese absolutismo exhibido por el PP en el Congreso se ha revelado inútil para alcanzar acuerdos en el panorama político actual. Es lo que tiene ser lo mismo a pesar de bajar de 186 a 137 escaños.
Paradójicamente, el ministro responsable de la elaboración y puesta en marcha de la LOMCE, José Ignacio Wert, ya no está. Puede que haya sido un mártir para el PP, que le utilizó para aplicar su ideología. Pero no nos equivoquemos: se le ha concedido un retiro dorado en París mientras su ley educativa comienza a aplicarse. La actuación del Gobierno, y de Wert, parece decir: "Aquí os dejo mi legado y me voy, su aplicación (que es lo más importante en una ley educativa) me da bastante igual".
Uno de los hitos más importantes en la aplicación de la LOMCE fue junio de 2015. En este caso para su no aplicación. Los resultados electorales de mayo dieron la posibilidad de formar mayorías de progreso en numerosos parlamentos autonómicos y, en algunos de ellos, también se planteó la oportunidad de reivindicar la identidad y el autogobierno de sus territorios. Y es que el tema educativo es competencia autonómica. Es el caso de Aragón o el Comunidad Valenciana. La presencia de Chunta en Aragón o de Compromís en Valencia, que además ostenta la consellería de Educación de la Generalitat valenciana, con dispar resultado electoral pero mismo papel trascendental para que se dieran mayorías de progreso, llevó a sumar una mayoría que permitió paralizar la LOMCE en sus primeras fases de aplicación. Estos consensos partían de una hipótesis básica: un vuelco electoral en las elecciones estatales de diciembre de 2015 que permitiera alcanzar una mayoría contraria a la LOMCE en el Congreso, y paralizar su implantación en todo el Estado. En esta mayoría iban a tener un papel fundamental PSOE, Podemos, Unidad Popular y, quizá también, Ciudadanos. Y partidos nacionalistas y soberanistas de ámbito territorial que reivindicasen legítimamente el autogobierno de sus países en una competencia como es la educación pública.
SIN EMBARGO, esa mayoría no se dio. Los gobiernos como el aragonés, comprometidos con la paralización de la LOMCE, vieron cómo su tarea se dificultaba. El colectivo estudiantil tuvo que enfrentarse al papeleo de fin de curso sin saber si se iba a tener que someter a una posible reválida en el próximo año. El último capítulo de este despropósito de ley ha sido el desarrollo de la misma por un Gobierno en funciones, decretando, entre otras cuestiones, las famosas reválidas en los fines de ciclo. Si observamos, nos vendieron hace unos años, no tantos, un cambio en el paradigma universitario con el Plan Bolonia, que establece una evaluación continua y métodos alternativos para realizar dicha evaluación al alumnado universitario; y mientras tanto la ley educativa del PP, vuelve a la forma más simple y rancia de evaluar: un examen único de los contenidos de todo el ciclo. Un retroceso.
Al final, un Gobierno del PP, apoyado por el grupo popular en 2011 con mayoría absoluta de 186 diputados, está ahora en funciones desarrollando la LOMCE, mediante decretos aprobados en verano, mientras su grupo parlamentario tiene ahora 137 diputados. La perversión del sistema político democrático español con la aplicación de la LOMCE es total.
Pero hay que ser prudente. El cuidado que no han tenido los gobiernos españoles, creo que hay que tenerlo siempre que se haga política educativa. Están en juego muchas carreras educativas de chavales que viven en el desconcierto porque la incertidumbre política les afecta y mucho. Los centros educativos, independientemente de su voluntad, por imperativo legal tienen que cumplir una ley orgánica.
Celebro la voluntad de gobiernos como el aragonés en este tema, que ya ha manifestado públicamente su intención de recurrir los últimos decretos de aplicación de la LOMCE. El Departamento de Educación debe poner todos los medios a su alcance, políticos y jurídicos, para evitar la aplicación de la LOMCE, reivindicando las competencias de la DGA y dejando bien claro que no son un Ejecutivo sumiso. Aunque el camino no está nada fácil. Que la lucha contra esta ley ha estado y está en las calles no hace falta repetirlo. Lo que hace falta decir alto y claro es que, a nivel institucional, la paralización de la LOMCE es cuestión de voluntad política de las fuerzas políticas mencionadas y en su tejado está la conformación de una mayoría parlamentaria que ejerza el poder legislativo que reside en el Parlamento estatal y la derogue, independientemente de si hay o no gobierno. Esa es la clave de todo porque ahora mismo el desarrollo de la LOMCE es una imposición legislativa de un gobierno en funciones de un color político que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento.
Secretario general Chobentú Aragonesista
