Aragón ya tiene balance de lo que ha supuesto la polémica ley mordaza puesta en marcha por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el 2015. Y, además de arbitraria, intimidatoria y coercitiva, se ha mostrado una norma sumamente lucrativa. En apenas año y medio de vida, se han impuesto en la comunidad sanciones por valor de 7,7 millones de euros. Si a eso se suma el efecto disuasorio que ha tenido en escraches, movilizaciones antidesahucios y manteros, el resultado de la política represiva no podía resultar más redondo para los impulsores de la norma. Un orgullo.
