El acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para concretar la ley de Capitalidad y fijar de una vez la posición de la capital en el esquema administrativo de la Comunidad autónoma es un paso muy importante. No sólo porque pone fin a una interminable negociación (que empezó hace ya veinte años) y fija un modelo estable, sino porque lo hace en las mejores condiciones, con una buena Ley elaborada desde el entendimiento y la mejor disposición de las partes.

El texto pactado, que parte del consenso municipal alcanzado durante el anterior mandato, movilizará en su primer año de vigencia 21,5 millones de euros, a través de los cuales el Ejecutivo autónomo reconocerá y apoyará el esfuerzo de Zaragoza en la prestación de servicios básicos. Se da por hecho que esta cantidad evolucionará posteriormente de acuerdo con parámetros razonables y bien establecidos. La deuda del tranvía y las diferencias respecto del canon de saneamiento quedan fuera, pero parece existir la voluntad por ambas partes de resolver estas y otras diferencias anejas que pudieran existir

La nueva Ley de Capitalidad pone además sobre la mesa dos circunstancias fundamentales para el correcto discurrir de las relaciones interinstitucionales en Aragón. Por una parte integra por fin a la capital, cuyo peso demográfico y económico exige un trato especial y equilibrado. Por otra, el encuentro entre el presidente Lambán y el alcalde Santisteve ha de ser el principio de un nuevo clima de entendimiento entre las izquierdas que desbloquee los presupuestos autonómicos (13,5 milllones de los cuales son ahora para Zaragoza) y permita la gobernabilidad de las grandes instituciones.

Aragón atraviesa un momento delicado repleto de incógnitas. La financiación de la Comunidad, por ejemplo, o su capacidad para asegurar los grandes servicios sociales que presta es un asunto crucial, un problema cuya satisfactoria solución no admite más demoras. Hechos circunstanciales pero decisivos como la venta de Opel al grupo francés PSA nos sitúan ante interrogantes que apuntan al futuro inmediato. Afrontar estos u otros desafíos requerirá consenso, juego limpio entre las fuerzas políticas y colaboracióbn entre las administraciones. La Ley de Capitalidad es un buen principio. Adelante.