El miércoles entró en vigor una de las normas legales más polémicas de la legislatura: la ley de seguridad ciudadana, también apodada por sus detractores como ley mordaza. La implacable mayoría parlamentaria del PP permitió que la normativa fuera superando trámites al tiempo que reunía una formidable oposición judicial, política y ciudadana. En el siempre delicado equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales, la ley respira en su espíritu y en su letra un indisimulado carácter represivo. Los mayores reproches que ha concitado son todos aquellos ámbitos que permiten sustraer del control previo de los jueces la sanción de determinadas conductas. Como ha ocurrido con otras importantes leyes del PP (reforma laboral, educación, Código Penal), la de seguridad ciudadana nace con los días contados porque todos los grupos han expresado su intención de derogarla si tras las próximas elecciones nadie logra el rodillo parlamentario del que ha disfrutado el PP.
