El Gobierno de Aragón quiere garantizar los derechos subjetivos de los usuarios de los servicios sociales; o lo que es lo mismo, quiere abrir las puertas de par en par a los discapacitados y a los ciudadanos con dificultades para que tengan las mismas opciones y prestaciones que el resto. Para ello, a la consejera De Salas no le duelen prendas en congelar el borrador que ha preparado su consejería para adaptarlo a la normativa nacional que, al parecer, es mucho más ambiciosa y garantista que la autonómica. Los servicios sociales siguen siendo la asignatura pendiente de la DGA, que amaga y amaga pero no dispara.