La jubilación forzosa de personal sanitario en Aragón tiene efectos más allá de los profesionales afectados. Ocurre, por ejemplo, en el hospital Clínico, con la rescisión del contrato a la responsable de los programas específicos para niños portadores del sida. Por más que desde la consejería de Sanidad se asegure que se buscarán fórmulas para minimizar los efectos de su marcha, lo cierto es que se abre un escenario de incertidumbre grave, en el que quienes acaban saliendo perjudicados son los pacientes. En un momento de tensión económica, pueden entenderse los ajustes de costes que no afecten a la calidad de la atención y a la tarta de servicios. Pero cuando se saltan líneas rojas, como en este caso, solo puede hablarse de pésima gestión en la sanidad pública desde que el consejero Ricardo Oliván tomara las riendas.
