Es difícil de comprender que políticos del mismo partido se lleven a los tribunales por estar en instituciones distintas sobre cuyas actuaciones discrepan. Es el caso del alcalde de Teruel, Manuel Blasco, quién en un decreto insta a la DGA, presidia por Luisa Fernanda Rudi, a que revoque la autorización para impartir Magisterio en la universidad San Jorge, ya que ello perjudica al campus turolense. Si no, a los tribunales. Cada cual defiende su territorio y su nivel de decisión, pero un mismo partido debería cohesionar el resultado.
