No era descartable pensar que el departamento de Vivienda rechazara el planteamiento que la plataforma antidesahucios quería introducir en la ley aragonesa de acceso a la vivienda. Garantizar el realojo, incluso en casos de ocupación, choca con el ordenamiento, y hasta con el sentido común. La Constitución consagra el derecho a un alojamiento, pero no lo pone en colisión con otros, y menos con la ocupación que, de derecho, no tiene nada.
