Mientras el señor Mariano Rajoy afirma en el Congreso, sin el menor rubor ni pizca alguna de vergüenza, que “el rescate bancario ha sido muy positivo”, la ciudadanía española asiste atónita a un proceso político en donde casi todo es un esperpento. A falta de políticos de fuste, serios y trabajadores, los jefes del cotarro andan abducidos con la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña, incapaces de solucionar problemas pero expertos en crearlos.Con la mayoría de los diputados del Parlamento y de los alcaldes de Cataluña enroscados en posiciones de un independentismo irredento, el presidente de la Generalitat y sus consejeros están actuando de forma lamentable e ilegal. Porque su legitimidad, la que los convierte en representantes del pueblo catalán, se basa en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se han saltado a su capricho, lo que les quita cualquier razón que pudieran tener.
Por su parte, el Gobierno de España anda sumido en una cerrazón delirante. En su día muchos de los diputados que se asientan en la bancada del grupo popular votaron en contra del Estatuto que aprobó la mayoría de los catalanes y el propio Congreso, pero sí lo hicieron a favor del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que contiene los mismos artículos que rechazaron en el catalán, anulado a instancias del PP por el Tribunal Constitucional; todo un despropósito que aceleró la deriva independentista.
Así, mientras el Gobierno catalán alega, mintiendo y tergiversando casi todo, el derecho internacional y los derechos humanos para justificar la convocatoria del referéndum por la independencia, el fiscal general del Estado dicta unas instrucciones de intervención en contra de la preparación del mismo que, en mi opinión, suponen una usurpación de funciones.
El estrambote en que se ha convertido todo esto se culmina, por si faltaba la guinda, con la prohibición, por orden de un peculiar juez, de un debate sobre “el derecho a decidir” que se iba a celebrar en unos locales del Ayuntamiento de Madrid. Supongo que el consistorio de la capital presentará un recurso de amparo con petición expresa de que se suspenda de sus funciones a ese juez que, también en mi opinión, ha conculcado derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Y así andamos, los unos escondiendo urnas y papeletas y los otros buscándolas por los rincones, como adolescentes atolondrados, como si estuvieran jugando al ratón y al gato, o a policías y ladrones. Insensatos.
*Escritor e historiador
