El decreto pactado por el PP y el PSOE para evitar un colapso judicial por la aplicación de la sentencia judicial europea contra los abusos en cláusulas suelo en los créditos hipotecarios no ha conseguido el objetivo que pretendía. Los afectados no han encontrado en esa norma una fórmula que les permita recuperar el dinero que pagaron inapropiadamente a las entidades bancarias. De igual manera, los bancos están prefiriendo la litigiosidad a la eficiencia, entre otros motivos porque les resulta más fácil de soportar que a los afectados. La práctica, pues, ha demostrado lo evidente: el decreto sin el apoyo de las partes es papel mojado y los bancos no están dispuestos a reconocer sus propios errores y enmendarlos si no es por mandato judicial. Llegados a este punto, el Gobierno debería como mínimo atender a las demandas del Consejo General del Poder Judicial e incrementar los medios materiales de los juzgados que deben ahora hacerse cargo de este desaguisado. De igual manera, Gobierno y PSOE deberían explorar cualquier posibilidad que tengan a su alcance de presionar a la banca en el sentido de obligarla a asumir las responsabilidades que un tribunal europeo ha determinado. Si los bancos no tienen la sensación de que las instituciones políticas van a defender inequívocamente a los ciudadanos no se sentirán obligados a reaccionar.
El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha condenado al entonces expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a dos años de inhabilitación por desobediencia por impulsar la consulta del 9-N del 2014. A las entonces consejeras de Presidencia, Joana Ortega, y de Enseñanza, Irene Rigau, el tribunal les impone un año y nueve meses de suspensión por el mismo motivo. Los tres deberán, además, afrontar una multa. Desde un punto de vista jurídico, cabe destacar que el tribunal no condena a Mas, Ortega y Rigau por prevaricación y que la sentencia está lejos de los diez años de suspensión que solicitaba la fiscalía. Puede argumentarse, pues, que este proceso irremediablemente manchado por la política (desde la intervención de la Fiscalía General del Estado hasta la tentación por parte del independentismo de elevar al altar del martirio político a los ya condenados) acaba, judicialmente, con unas sentencias benévolas. Políticamente, el proceso (y el que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra Francesc Homs por el mismo caso dada su condición de diputado) deja alguna conclusión, como la de constatar una vez más que la doble espiral en la que se encuentra la política catalana (la judicialización por un lado y la unilateralidad fuera de la ley por el otro) son estériles para un conflicto que solo se solucionará volviendo la política catalana a una posición razonable que permita diálogo y negociación.
