Ante el encuentro entre Theresa May y Donald Trump hay quien esperaba un nuevo momento Reagan-Thatcher, el de mayor confluencia y proximidad entre los líderes de EEUU y el Reino Unido. Entre Trump y May hay sintonía en algunas cuestiones, como es el caso de la UE (brexit obliga), pero los tiempos han cambiado lo indecible desde los 80.

Sin ninguna cultura política y con su mantra electoral de Estados Unidos primero, Trump está barriendo de un plumazo la arquitectura sobre la que se han asentado las relaciones internacionales desde 1945, y de paso se está llevando por delante la vieja tradición librecambista a favor de un proteccionismo que poco bueno augura. May, por el contrario, sí viene de una cultura política, y su visita a la Casa Blanca tenía entre varios objetivos asegurarse de que Trump no se inhibirá de los compromisos de seguridad y defensa que implica ser miembro de la OTAN. Según la primera ministra, el apoyo del presidente a la Alianza Atlántica es del cien por cien. En este sentido, objetivo cumplido, al menos de palabra. El otro, y el que más interesa a May en este momento, el de asegurar un tratado comercial posbrexit, quedó en un terreno poco definido, y la debilidad de May frente a Trump no favorece a la británica. Un éxito que May sí se lleva a Londres es el de haber sido la primera gobernante en ser recibida por el nuevo presidente.

La divulgación en la prensa de las charlas que el exjuez Santiago Vidal, significado adalid del frente jurídico del independentismo, ha ido prodigando sobre las presuntas actividades subrepticias de la Generalitat de Cataluña para que el procés culmine con éxito han sacudido la política y la sociedad catalanas. Es inconcebible y gravísimo que alguien --hombre de leyes, además-- alardee de que desde la Generalitat se están cometiendo ilegalidades para así asegurar la irreversibilidad de una hipotética independencia. La vulneración de la ley de protección de datos para conocer con detalle las señas fiscales de los catalanes sería, de ser cierta, una violación clamorosa del derecho de los ciudadanos a que esos datos estén solo al alcance de quienes legalmente los pueden tener. Si fuera verdad lo que dice Vidal, quienes dirigen el procés habrían cruzado, con la excusa de que la independencia lo justifica casi todo, una línea roja y estarían desafiando no solo la legalidad del Estado sino la convivencia.

La Generalitat ha desmentido categóricamente los supuestos planes desvelados por Vidal, y la Fiscalía General del Estado, como es lógico, ha anunciado una investigación de los hechos dada su trascendencia. Pero la marcha del excéntrico exjuez de la escena política no despeja las dudas sobre los métodos que usa el independentismo.