El pasado 2 de febrero, el Congreso de los Diputados, tomó en consideración, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, la «Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos», en el ámbito de protección de la Seguridad Social.
Presentada como iniciativa legislativa popular (700.000 firmas) a instancias de UGT y CCOO, trata de evitar que los millones de ciudadanos sin recursos, agotadas las prestaciones de desempleo, puedan cubrir sus necesidades y las de sus familias. Para ello deberán ser demandantes de empleo, cumplir las exigencias de búsqueda de trabajo que les marque el itinerario formativo, aceptar el empleo que se les presente, y por supuesto, no estar recibiendo otras ayudas de las instituciones autonómicas o municipales. La cuantía propuesta es del 80% del IPREM, aproximadamente 440 €/mes, debidamente ampliada por las cargas familiares, y hasta que desaparezca la situación de vulnerabilidad que la originó.
Las razones de esta propuesta hay que buscarlas en 1.400.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias que no perciben ni un solo ingreso y seis millones de trabajadores con salarios por debajo del SMI. Inmunes a esta realidad, el PP ha suprimido ayudas básicas, como el subsidio para mayores de 55 años o la drástica reducción de la cobertura del desempleo en casi 20 puntos, junto con la reducción de sus cuantías.
La tramitación de este proyecto será complicada, el rechazo del tándem PP-C’s anuncia un camino sembrado de minas; plazos dilatados, ampliaciones innecesarias, comparecencias repetidas, retraso en los informes preceptivos del Gobierno... tiempo que utilizarán para devaluar y criticar su contenido. «Los subsidios fomentan la vagancia, puede producir un efecto llamada, el excesivo coste le hace inviable, es una ocurrencia de la izquierda, la única opción es crear empleo», etc, etc.
Es normal, para ellos recortar 12.000 millones del desempleo en cuatro años (en 2011 los PGE recogían para prestaciones del paro 30.000 millones y en 2016 se recogen 18.000 millones) con más de cuatro millones de parados y dos de larga duración es lógico. Gastarlos en evitar la pobreza y la marginación de centenares de miles de personas, es inasumible, un despilfarro. Salvar la banca es vital para el país, garantizar mínimos ingresos a quien nada tiene fomenta la vagancia. Así es como proyectan salir de esta crisis en la que el nuevo empleo lleva aparejado una nueva categoría laboral «los trabajadores pobres», con trabajo precario, inseguro, sumergido, fraudulento, sin derechos y con salarios que perpetúan la marginación, la insatisfacción y la ira. Este proyecto de Ley no busca resolver esta situación solo quiere garantizar una «malla» de protección que permita ingresos para reintegrarse al empleo, que deben acompasarse con políticas activas de orientación, formación, reciclaje, y hagan posible pasar los fríos baches del paro con dignidad.
Nada que ver con el debate y las propuestas planteadas por los partidos políticos; el complemento salarial, iniciativa de Ciudadanos. La renta garantizada de Podemos. El ingreso mínimo vital de los socialistas son propuestas tendentes a reequilibrar la caída de ingresos y condiciones laborales que la quiebra de la cohesión social ha traído.
Si bien es cierto que la propuesta de Podemos y PSOE tienen alguna similitud, en cuanto garantizan unos ingresos mínimos a través de complementos, hasta llegar al SMI, para quien no tenga ingresos y una renta complementaria para quien trabaja pero es pobre, en la opción de Podemos. El complemento salarial defendido por Ciudadanos, subsidiando a través del IRPF los salarios por debajo de 7000€/año, sin cargas familiares y hasta los 21000€ con ellas, hasta 200€/mes en el primer caso y hasta los 400€/mes en el segundo, en forma de crédito fiscal en renta, levanta ampollas. Primero porque subsidia el empleo barato, garantiza una cohorte enorme de trabajadores que perciben ingresos por cumplir los requisitos de ayudas: segundo porque fomenta la economía sumergida, sueldos en A y sueldos en B: tercero porque se convierte en un dumping social que bajará salarios en sectores regulados con la negociación colectiva: cuarto porque condena a jóvenes y mujeres a la desmotivación y la marginalidad y quinto porque es una clara subvención a las empresas.
La experiencia de este complemento en EEUU y Reino Unido debería reflexionarse; solo ha servido para condenar a la pobreza e incentivar la generalización de ese salario. Estoy convencido, que la mejor alternativa es convertir el empleo digno y con derechos en la principal herramienta de lucha contra la pobreza.
