Algo hay que hacer además de lamentarse, confiar en los vínculos familiares y apelar a la caridad. Hay muchas familias aragonesas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Justo cuando en las Cortes se están discutiendo los presupuestos de la comunidad y por tanto se pueden establecer prioridades, los socialistas presentan una proposición de ley dotada de 58 millones de euros para paliar los efectos más inmediatos de la crisis y garantizar unos mínimos a los que peor lo están pasando. Facilitar recursos a los ayuntamientos para la contratación laboral de los más necesitados; involucrar a las entidades de la economía social con el debido apoyo para contratar a perceptores del IAI; garantizar los suministros vitales, agua potable y luz, así como la alimentación, reforzando la lucha contra la pobreza infantil mediante becas en los comedores escolares; evitar los desalojos garantizando la permanencia en la vivienda habitual, o prevenir el abandono del sistema educativo, incluidos los estudiantes universitarios que no puedan pagar sus tasas, constituyen programas más que justificados técnicamente y necesarios políticamente. Obviamente que estas medidas no acabarán con la desigualdad ni erradicarán la pobreza, pero son una respuesta urgente a las situaciones que se están produciendo y que además son plenamente coherentes con lo que dice el Estatuto de Autonomía respecto al papel de la comunidad en lucha contra la exclusión social. A ver si tienen valor para votar en contra. Profesor de universidad
