Memoria democrática

Ante estos hechos, se han celebrado actos de memoria y homenajes, todos ellos llenos de profunda emoción por el recuerdo de lo que aquellos hechos históricos significan. Previamente, el pasado mes de marzo, el Gobierno de Francia había decidido otorgar la Legión de Honor, la más alta distinción del Estado, a los republicanos españoles supervivientes de los campos de concentración nazis. Era todo un ejemplo de cómo las instituciones deben impulsar políticas públicas de memoria democrática y, por ello, Francia, ha vuelto a dar una lección de dignidad y de justicia reparadora al conceder dicho reconocimiento a los cada vez más escasos testigos de aquel drama histórico fruto del delirio criminal nazi el cual, no lo olvidemos, contó con el entusiasta apoyo de la dictadura franquista.

Lo sucedido en Francia debería sonrojar a los dirigentes políticos españoles del PSOE y del PP, pues ambos partidos han tenido responsabilidades de Gobierno y jamás han tratado con dignidad y justicia el tema del exilio y la deportación de los republicanos españoles. Y, en vez de sonrojo, o tal vez por ello, han optado por el oportunismo político, máxime en el actual período electoral en el que nos encontramos. De este modo, asistimos a hechos tan curiosos como criticables: el PSOE, que nada hizo durante los decisivos años del Gobierno de Felipe González (1982-1996) por la reparación de la memoria de la deportación republicana, que olvidó a las víctimas y que por ello tiene una innegable responsabilidad política y moral, el PSOE que, pese a la escasamente efectiva Ley de la Memoria Histórica de 2007 del Gobierno Zapatero y hoy derogada en la práctica por el Gobierno de Rajoy, el PSOE que no tuvo el coraje político de impulsar una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas como demandaba Baltasar Garzón, al amparo de lo sucedido en Francia, ha intentado sacar un rédito político de estos hechos. De este modo, el 28 de abril propuso en la Comisión Constitucional del Congreso la concesión de una condecoración oficial a los republicanos españoles deportados a los campos de concentración del III Reich, algo que nunca hizo cuando estuvo en el Gobierno.

Hasta el PP, tan desmemoriado siempre en esta materia, ha tenido un "gesto" para con los deportados republicanos al asistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, a los actos que tuvieron lugar en Mauthausen el pasado 10 de mayo: era la primera vez que un dirigente del PP se dignaba a honrar, siquiera verbalmente, a los republicanos deportados que, excepto la visita de Zapatero en 2005, nunca contaron con apoyo institucional en las ceremonias que tenían lugar en el que fue llamado "el campo de los españoles".

Pero todos estos gestos oportunistas no eran sino un espejismo y pronto las aguas de la memoria democrática volvieron a ser "encauzadas" por los dos partidos mayoritarios. Así ocurrió el pasado 13 de mayo cuando el Congreso de los Diputados rechazó, con los votos de PP, PSOE y UPyD, la moción de Joan Tardà (ERC), el más activo diputado en materia de recuperación de la memoria democrática, para que Felipe VI pidiera perdón en nombre de España por los 7. 532 republicanos que sufrieron la barbarie de los campos de concentración nazis, una petición de perdón que, por cierto, ya hicieron otras democracias europeas asumiendo, de este modo, su responsabilidad en aquellos trágicos episodios de la II Guerra Mundial. Ahí está, a modo de ejemplo, la emotiva petición de perdón que, en febrero de 2000, realizó Johannes Rau, el Presidente de Alemania, ante el Knesset, el Parlamento de Israel, por el holocausto judío: la democracia alemana pedía perdón por los crímenes cometidos por la Alemania nazi. ¿No debería hacer lo mismo el rey de España por la innegable connivencia de las dictaduras franquista y hitleriana por los crímenes contra la humanidad cometidos tanto durante nuestra guerra civil como en la posterior contienda mundial?. Como señalaba Carlos Hernández, autor del libro Los últimos españoles de Mauthausen, "España debe asumir, de una vez por todas, su pasado y reconocer, sencillamente, su culpabilidad, junto con la Alemania nazi o la Francia petainista, en la deportación a los campos de concentración de nuestros compatriotas republicanos".

Esta negativa a pedir perdón va unida al rechazo del PP y del PSOE al reconocimiento jurídico de las víctimas de los campos de concentración nazis, con lo cual España sigue siendo, como denuncia dicho autor una "anomalía democrática en Europa en materia de políticas públicas de la memoria". El hispanista francés Jean Ortiz, hijo del exilio republicano, es aún más demoledor al señalar, con tanto acierto como amargura que, en esta materia, España se ha comportado como un "delincuente internacional" pues ha incumplido sistemáticamente la legislación penal internacional con arreglo a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Y, si alguna duda quedaba, ahí está el permanente obstruccionismo a la orden internacional de detención cursada por la Justicia de Argentina contra 20 altos cargos y policías de la dictadura franquista.

Así las cosas, al margen de actos puntuales sin trascendencia política o jurídica, al margen de los gestos, queda el reto de que la sociedad civil y los partidos que asuman un compromiso firme en defensa de la memoria democrática, pongan fin a esta injusticia histórica y se logre la plena rehabilitación política y jurídica de las víctimas de los crímenes franquistas y del nazismo.