El término MIR tiene connotaciones de éxito en la formación de los sanitarios de nuestro país. Nadie duda de la rigurosidad y de la calidad en la formación profesional que nuestros médicos tienen que pasar y no sólo en las facultades de medicina sino en las prácticas sanitarias que están obligados a realizar en los hospitales. Eso es una realidad y, además, está el reconocimiento de esta profesión en los países de la UE, como lo demuestra el hecho de que son de los profesionales españoles más demandados en Europa. El reconocimiento laboral es la mejor evaluación de un proceso de formación profesional.

Es difícil trasladar el método sanitario a la educación tal como está concebido, aunque el debate está abierto. Sin embargo, es bueno analizar este sistema y sacar las conclusiones oportunas para adaptar a la educación los muchos aspectos positivos que tiene el sistema formativo sanitario. El más importante es poner en valor las prácticas en la formación inicial, aspecto que se diferencia y en mucho de la profesión docente en el cual están infravaloradas.

En el MIR sanitario no todo es a imitar, también tiene sus problemas, al menos aspectos mejorables y de ello la educación ha de sacar conclusiones para no cometer los mismos errores. Los estudios del grado tienen un peso relativo sólo del 10%, mientras que el 90% corresponde al peso de un examen concreto muy exigente, basado en nociones memorísticas, que en muchos casos los alumnos se preparan a partir de tercero de carrera, con muchas horas de dedicación precisamente porque son conocedores del excesivo peso que tiene en la nota final. En educación no veo esta especie de reválida para pasar a la fase de prácticas, pero sí es posible realizar algún tipo de test psicosocial que compruebe el grado de empatía del futuro docente con la profesión. Es imprescindible el conocimiento de la materia a impartir, pero lo es aún más el conocimiento de los métodos para transmitir dichos conocimientos al alumnado. Es también mejorable la coordinación ya que en la formación intervienen tres administraciones (universidad, Administración y hospitales) y queda patente la escasa coordinación que mantienen entre ellas y en muchas ocasiones esa falta de colaboración la sufre el propio alumno en su formación.

Otro inconveniente es la necesidad de complementar las prácticas con la asistencia a las clases de la facultad, es decir, trasladar la idea de conjugar formación y prácticas al mismo tiempo (similar a lo que se viene realizando en otras etapas educativas con relativo éxito, es el caso de la FP Dual).

Con respecto al grado que se imparte en las facultades de Educación se debería revisar y actualizar las especializaciones en los últimos años de carrera, aumentar los recursos y tiempos de tutorización así como buscar una mayor homogeinización de los grados a nivel estatal (aportaciones al debate de Carmen Fernández, profesora en la Facultad de Educación).

La tutorización de los alumnos en prácticas es clave en la formación del futuro profesional y en la actualidad no son valoradas por el profesorado de las facultades de Educación ni tampoco por la Administración, como lo demuestra el hecho de que asumen esta responsabilidad el profesorado con menos experiencia. Al no tener esta actividad una buena valoración, no se ocupan de las prácticas los profesores más cualificados.

Además, para realizar esta actividad el profesorado de las facultades de Educación no dispone de los recursos necesarios para realizar esta función, ni por supuesto del tiempo necesario para orientar, guiar y controlar al alumnado que en teoría tutoriza. El alumno de esta forma, el escaso tiempo que le dedica a las prácticas en la carrera queda al buen (o mal) criterio que le puede aportar el profesorado titular de la plaza en donde realiza sus prácticas.

El profesorado que acoge alumnos en prácticas (tanto alumnado de las facultades como alumnos en prácticas de oposición) debe ser un profesorado que investigue, realice proyectos innovadores y se caracterice por realizar buenas prácticas escolares y además participe de forma voluntaria, a través de un concurso de méritos, en querer ser tutor en prácticas. Para ello debe reconocerse su labor económicamente y también ese reconocimiento se recogerá en futura carrera profesional que formará parte del futuro el Estatuto Docente. Este reconocimiento abarcará también al profesorado de las facultades de Educación.

Lo mismo ocurre con otra de las cuestiones esenciales para realizar las prácticas educativas, el centro educativo donde se van a realizar. No todos los centros reúnen las condiciones para formar a los futuros docentes, sino aquellos que estén catalogados en realizar la actividad docente a través de buenas prácticas escolares. Para que el alumno se impregne de trabajar en equipo, de realizar proyectos innovadores, de resolver los conflictos a través de la mediación... tiene que vivir estas experiencias en los centros, por tanto, la Administración realizará un catálogo de centros susceptibles de recibir alumnos en prácticas.

El debate sobre la formación inicial está abierto en la comunidad educativa y la propia subcomisión parlamentaria encargada de consensuar un pacto educativo, y este tema no tiene que ser de los más conflictivos que tienen que abordar.

*Presidente de la Fundación Educación y Ciudadanía