En los últimos días he defendido que los militantes (y los votantes) socialistas habrían comprendido, y valorado positivamente, que su partido respaldara en el Congreso los presupuestos de Mariano Rajoy para evitar que, una vez más, el apoyo del nacionalismo vasco se hiciera imprescindible y el Gobierno español se viera obligado a pagar por él un alto precio, y no solo en euros (la retirada del art. 155).
Con las amenazas de los nacionalismos periféricos y ante la difícil aritmética parlamentaria que tiene el PP, llegaba a plantearme la posibilidad de alcanzar alguna suerte de pacto de Estado con la derecha para concluir una legislatura que nació con fórceps y se ha visto sometida a zarandeos brutales. La estabilidad para garantizar la gobernabilidad podía tener el precio de modificar el rumbo de la política económica para reducir las tremendas desigualdades que ha producido esta crisis.
Todas esas ideas se han venido abajo después del encarcelamiento de Zaplana y, sobre todo, tras la sentencia del caso Gürtell. ¿De qué estabilidad se puede hablar cuando está a los mandos un partido que ha sido definido por los tribunales en los términos en los que ha sido definido el PP? ¿Con qué cara se puede defender la presidencia de Rajoy después de que los jueces declaren «no verosímil» su testimonio bajo juramento? ¿Es posible sostener en el Gobierno a un partido asediado por la corrupción, cuando empieza a verse con claridad que no se trata de casos aislados sino de una corrupción sostenida con Aznar y Rajoy. Ya se que no hay que meter a todos los militantes del PP en el mismo saco pero no entiendo cómo lo aguantan.
Se me hace difícil pensar en un país europeo, con mínima tradición democrática, en el que pudiera mantenerse unas pocas horas como primer ministro el líder de un partido condenado por lucrarse de una trama que ha saqueado los recursos públicos para desviarlos a sus bolsillos. Mucho más difícil si ese líder ha sido desacreditado por el tribunal como lo ha sido Rajoy. Pero aquí, Rajoy se planta ante la TV para afirmar sin rubor que pretende terminar la legislatura como si tal cosa.
La iniciativa queda en manos de la oposición, obligada a desalojar a un presidente que no merece permanecer en la Moncloa más. Es la estabilidad política lo que está en juego, no solo los evidentes argumentos morales que avalarían una censura a Rajoy. No permitamos que nos engañe más: por mucho que invoque la estabilidad como la razón suprema por la que se niega a dimitir, es precisamente su presencia en él la que pone en riesgo todo.
La censura del PSOE es la única fórmula para desalojarle. El problema está en la visión poco generosa de Estado y en el cálculo electoralista de los políticos.
No hay ninguna contraindicación para que Sánchez se presente con un programa de gobierno que contenga un solo punto: elecciones inmediatas. Así lo exige Ciudadanos para plantearse su apoyo a la moción y los medios muy influyentes e incluso Alfonso Guerra. En una situación como la actual, parece recomendable dar la palabra a los ciudadanos. ¿No hay ningún riesgo? Veo uno: ¿Cómo afrontaría un gobierno en funciones la más que posible escalada en el conflicto catalán?
Pero Rivera parece cerrado a otra posibilidad que no sea elecciones ya… O eso, o Rajoy sigue en la Moncloa. Lo que, presentada ya la moción, la deja a expensas de votos tan dudosos como los de los nacionalistas vascos. Otro riesgo nada desdeñable porque podría mantener a Sánchez como rehén un tiempo indefinido.
Cabe, una tercera salida aunque por ahora parece bloqueada. ¿No es posible un acuerdo sobre un adelanto electoral, cuya necesidad nadie niega, y un programa mínimo de gobierno hasta ese día que incluya la firmeza ante los retos separatistas y garantice medidas necesarias y urgentes en otros terrenos? Esta creo que sería la mejor solución para España.
*Exdiputado socialista
