Este hombrecillo que parecía el más tonto de la clase, el más inútil del grupo de pelotas de Rajoy, una vez hecho ministro se convirtió en un duende maligno, en el máximo protector de los defraudadores de este país. Después de poner rojos de ira y de rabia a los españoles honrados con su amnistía fiscal, solo para los ladrones y chorizos de guante blanco en 2012, ahora sufre el contratiempo de que el Tribunal Constitucional tumba su decreto y lo considera ilegal. Y además le lee la cartilla sentenciando que este tipo de iniciativas legislativas «basadas en el fraude fiscal suponen la abdicación del Estado ante la obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento del gasto público», como muy bien recoge el economista Juan Royo. Osea que después de esta sentencia de TC en cualquier país serio este señor entraría en la cárcel y quedaría inhabilitado para siempre para ejercer la política, porque ha cometido una ilegalidad mayúscula, un fraude de ley y un grave delito por robar dinero público a los españoles. La amnistía fiscal ha sido una auténtica indecencia y, por tanto, Cristobal Montoro es un indecente. De todas formas, el reconocimiento de su ilegalidad por el alto tribunal ha llegado tarde: cuando ya los corruptos habituales beneficiados por la medida sacaron su tajada y su rebaja fiscal en el más discreto y oscuro de los silencios, amparados por un Gobierno que legitima a los defraudadores. Se ha dicho que 30.000 personas se beneficiaron de las amnistía fiscal. «Ciudadanos ilustres» como Bárcenas, Rato, los Pujol, Granados, Rodriguez Sobrino y una larga lista que el duendecillo de Montoro guarda bajo siete llaves. Y lo más gordo es que para ellos no habrá revisiones. Para la gente normal y corriente, la que hace cada año su declaración para contribuir a levantar el país, sí. Punto final. Vergonzoso. Es tremendo que los técnicos de Hacienda pidan públicamente la dimisión del hombre de las gafas de colores (es un coqueto: se cambia de montura en función del color de la corbata) porque ha vulnerado los principios de generalidad, progresividad e igualdad. Ha dinamitado por los aires los fundamentos del sistema tributario, y aquí no pasa nada. Todo lo que dijo entonces de que «era un proceso de regularización fiscal que iba a aportar una recaudación importante a la hacienda pública» es mentira. De los 3.500 millones de euros que decía no llegaron ni de lejos a recaudarse. Este gobierno oculta la verdad sistemáticamente y esquilma a los de siempre, a la clase media y trabajadora que es la que sostiene el país.

Aquí lo que hay que aplicar es el principio de progresividad fiscal: el que más tiene más paga. Pero esta palabra tan comprensible no saben pronunciarla ni quieren oírla. Los muy ladinos la cambian por «regularización fiscal», así se creen que ocultan la verdad. Son unos impresentables. A Montoro habrá que darle una patada en el culo para que se largue.

*Periodista y escritora