De los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales pueden extraerse con claridad, algunas conclusiones.

Estas elecciones las han ganado la suma de aquellas opciones que se han venido manifestando críticas con las políticas antisociales, de recortes del Estado del bienestar y deterioro de las relaciones laborales, que son las que ha venido practicando el Gobierno de España y acompañadas por los ejecutivos autónomos y, en gran medida, los municipales. Los votantes hemos apostado mayoritariamente por un importante giro en el contenido y en las formas en las que la política tiene que gestionar lo público.

Se ha producido un debilitamiento del esquema bipartidista que ya estaba muy matizado en Aragón. El nuevo mapa que se configura es más plural. Para que los cambios necesarios puedan producirse con la amplitud y profundidad necesaria, se hace preciso un gobierno capaz, solvente, con un alto grado de estabilidad, con sustento suficiente en el parlamento y con todo el apoyo posible en la sociedad. Un gobierno de estas características tiene que ser necesariamente consecuencia de un intenso diálogo entre diferentes formaciones políticas y de estas con sus bases y con la sociedad.

Dar por terminada una época de gobierno, cerrar el paso a reediciones de viejos estilos y políticas lesivas para la mayoría de la gente, poner cerrojo a las puertas de la corrupción, supone abrir un nuevo periodo con fórmulas de gestión pública alternativas, regeneradoras, centradas en las necesidades de las personas y con la agilidad imprescindible para dar respuesta a la situación de emergencia social que estamos viviendo.

La suma de los votos y escaños en las Cortes de Aragón y las más importantes corporaciones municipales, que obtenidos por los partidos de la izquierda, críticos con la situación anterior y con propuestas programáticas alternativas, permite un nuevo e ilusionante escenario, con un gobierno para el cambio.

El reto para cada una de las partes de la pluralidad de la izquierda con representación institucional debería ser acometer, con vocación de éxito unas conversaciones para acordar un programa de gobierno de mínimos en el que se contemple con luz y taquígrafos qué se va a hacer, para qué, con qué medios, de qué forma y a qué ritmos. Y también quienes deben ser las personas que lo van a ejecutar. Esto solo puede hacerse con mucho rigor, seriedad, transparencia y generosidad por todas las partes.

Entre las demandas sociales, está la de una mayor fluidez en la conexión entre la acción de gobierno y las expectativas de la ciudadanía. Para sostener la democracia y ampliar sus perímetros, es urgente establecer un mayor grado de confianza de la ciudadanía, ahora bajo mínimos, en los gobiernos e instituciones. Y esto solo se consigue haciendo, no solo hablando. Hay que explicar con valentía, más y mejor, lo que se quiere hacer y lo que no, lo que se consigue y lo que no, con valentía. Y hay que hacerlo directamente o a través de las entidades representativas, de los nuevos y viejos movimientos sociales y ciudadanos.

Desde la perspectiva sindical, un nuevo período en el que los gobiernos miren de cara a los problemas reales de las personas, no se puede afrontar sin acometer un ambicioso e intenso proceso de diálogo social con el mundo del trabajo. Es el empleo digno, estable y bien remunerado el principal factor de reparto de la riqueza y fuente de cotizaciones sociales e impuestos que permiten sustentar el estado de bienestar y mejorar los sistemas productivos.

El terreno de la concertación entre gobierno, empresarios y sindicatos, es un asunto de tanto calado, con tantas repercusiones en el mundo del trabajo y en conjunto de la sociedad, que no puede ser una mera operación de márketing con foto en los periódicos, o pura retórica de paz social, pero sin contenido real. La concertación social tiene que dotarse de compromisos efectivos para el desarrollo económico y social, con repercusiones positivas nítidas para los trabajadores y trabajadoras, para las personas paradas, para los empresarios que se comprometan con el futuro de nuestra tierra, para el conjunto de la sociedad.

El diálogo social en Aragón debe ser una importante herramienta para el progreso de nuestra comunidad autónoma, de utilidad para el bienestar de las personas que habitamos estas tierras.

Se abre un periodo ilusionante que puede producir cambios importantes si se consiguen suficientes acuerdos políticos y amplios consensos sociales.