El Gobierno de Mariano Rajoy no ha dado una en el conflicto de la minería del carbón. En su afán por ajustar las cuentas públicas, el presidente pretendía sacudirse de los presupuestos generales del Estado unos cientos de millones de euros destinados al sector sin tener en cuenta las dificultades a las que debía enfrentarse. Lo único que ha conseguido con esta actitud es verse obligado a dar un paso atrás, negociar con patronal y sindicatos antes de que la tensión creciente derive en algo peor y, de paso, quedar mal con Europa, que sigue a la espera de recibir el plan español para el desmantelamiento de la actividad.
El primer error del presidente fue descansar la responsabilidad del asunto en un ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, superado, incapaz de entender las claves del sector y con una dudosa preparación técnica para abordarlo con suficiencia. El canario sabrá mucho de playas y de carnavales, sobre todo por su gestión en el Gobierno insular y como alcalde de Las Palmas. También parece habilitado para las carteras de Industria y Comercio, siempre que haga valer su pasado como técnico Comercial del Estado y miembro de consejos de administración de empresas estatales. Ahora bien, de energía, y en concreto de carbón, ha demostrado no tener ni idea. No solo porque haya dinamitado el acuerdo preexistente con empresarios y trabajadores, sino porque además está incumpliendo su obligación de presentar ante la Unión Europea un plan de cierre de las minas no competitivas, en cumplimiento de una decisión del Consejo de diciembre de 2010. Entonces, Bruselas permitió que las minas europeas pudieran recibir ayudas hasta el 31 de diciembre de 2018, momento a partir del cual solo continuarían su actividad aquellas que devolvieran las ayudas recibidas. ¿Por qué aplicar la eutanasia a un sector que ya tiene fecha para morir o para reinventarse desde baremos de eficiencia económica que hoy se anteponen a cualquier criterio político? Metido en esta trapisonda, al ministro no le ha quedado más remedio que improvisar una mesa de la minería con el objetivo de recomponer el diálogo, 28 días después de que comenzara una huelga indefinida en todas las explotaciones del país.
El segundo error de Moncloa ha sido forzar un dibujo distorsionado de los mineros españoles. Que el sector está viciado lo sabe todo el mundo, que los planes públicos para reconvertirlo han fracasado, es también conocido, y por supuesto que habrá que hacer las cosas de otra manera. Ahora bien, a los mineros no se les puede tratar como si fueran energúmenos que chupan de la talega pública; como hizo el propio ministro el jueves cuando comparó las subvenciones que se lleva el turismo frente a las que recibe la minería del carbón. Cuanto más fuerte sea el palo que reciban del gobierno y de sus corifeos, más apoyo recogerán de una población española bastante menos desclasada de lo que piensa el Partido Popular. Aunque solo sea por la penosidad que se presupone a su trabajo en el imaginario colectivo, los mineros tenían todos los números para levantar una ola de simpatía ciudadana si los populares los colocaban en el papel de víctimas. Para quienes renieguen de esta opinión, es muy recomendable una bajada a algún tajo abandonado. Sirva el museo minero de Escucha. Un par de horas con el casco de espeleólogo, deambulando en el ambiente acre de una explotación carbonífera subterránea, sirven para entender muchas cosas.
Tampoco ha ayudado a Rajoy el papel dubitativo y escaso de sus subordinados en el territorio. En el caso de Aragón, la DGA de Luisa Fernanda Rudi y de Arturo Aliaga (PAR), como consejero del ramo, contribuyó a la irritación minera con su intento de pasar de puntillas por el asunto. En los primeros días del conflicto, la presidenta ni se dignó a contestar a preguntas de la oposición, aunque hoy parezca que es un tema que le preocupa mucho porque convoca bilaterales con el PSOE y con los agentes sociales. Ahora, no le ha quedado más remedio que comprometer alguna partida autonómica para compensar las mermas en los presupuestos del Estado. Aunque los mineros de las cuencas aragonesas saben que la solución a su problema no vendrá de la intervención autonómica, cualquier pequeño gesto será bien valorado vista la indolencia del ministro. Además de esta iniciativa, la líder del PP de Aragón debería mandarle un manual de política (serviría el primer tomo del nivel elemental) a la senadora por Teruel Carmen Azuara. Su papel en esta historia ha sido peripatético.
El dilema al que se enfrenta España no es qué hacer con la reconversión de las explotaciones actuales, pues la hoja de ruta está marcada por Europa con su razonable objetivo de emisiones cero en 2020. La clave es decidir si se renuncia a la única fuente autóctona de generación segura de energía. Aunque la producción a partir del carbón haya bajado del 23% al 10%, en el periodo 2004-2010, con una presencia creciente de material importado, clausurar las minas locales eleva la dependencia exterior. Mientras no avancen a mayor ritmo las renovables, España necesita una fuente segura y estable, sin depender del gas norteafricano o de alargar la vida útil de las centrales atómicas. Difícil en un momento en el que además del golpe al carbón el ilustrado ministro Soria ha bajado primas a la producción renovable y se intuye polémica si además de Garoña amplia la vigencia de otra nuclear. Ahí está el verdadero porqué de la minería española del carbón, y por donde debería andar el debate.
