Los partidos aragoneses afrontan la inminente campaña electoral cargados de dudas y sin despejar la principal incertidumbre del ciclo político que abrió España hace un año con los sorprendentes resultados de las elecciones europeas. Los comicios para elegir representantes comunitarios parecen difícilmente comparables con los autonómicos y locales que se presentan ahora, pero supusieron un toque de atención a los dos partidos dominantes en las instituciones durante los últimos 35 años cuyos efectos aún perduran. El bipartidismo configurado en torno a PP y PSOE quedó cuestionado; tocado pero no hundido, y de entonces a esta parte, el electorado ha incidido en esa corrección. Las encuestas realizadas desde entonces marcan una fragmentación del voto, validando la consolidación de Podemos a la izquierda y la irrupción de Ciudadanos en el centroderecha, en una espiral tripartidista primero y cuatripartidista después que de concretarse en las urnas acarreará enormes dificultades para garantizar la formación de gobiernos estables sin necesidad de pactar dos o más formaciones políticas.

Los partidos aragoneses disponen de estudios de opinión muy recientes y saben que la volatilidad se mantiene. Tras las elecciones andaluzas existe el convencimiento de que se producirá una importante atomización del voto en las comunidades y que en los municipios más poblados difícilmente habrá mayorías absolutas que permitan a un solo partido llevar las riendas de los ayuntamientos. En este contexto, cobra especial relevancia conocer la proclividad de los diferentes actores políticos a los pactos. Se habla mucho de líneas rojas, señaladas por los asuntos infranqueables para unos u otros candidatos, y poco de líneas blancas, aquellas que sí se pueden traspasar en aras a la necesaria estabilidad en las instituciones sin desnaturalizar planteamientos ideológicos o programas electorales. Mucho peor que los pactos antinatura, si es que estos existen, sería provocar un colapso institucional por sus innegables efectos sobre la gestión de los servicios públicos, en manos de consistorios y comunidades.

Que nadie lea en estas palabras un canto al monopolio o una crítica a la pluralidad de una sociedad votante que busca nuevas referencias por agotamiento de un modelo imperfecto de alternancia. El pacto político no representa un handicap en sí mismo. O, al menos, no debiera representarlo. En Aragón, tierra de acuerdos, hay claros ejemplos de que las alianzas más diversas son posibles. Sí son un problema el oscurantismo o las decisiones interesadas que se adoptan al calor de los resultados electorales. O lo que los politólogos denominan "tiranía de las minorías", entendida como aquel escenario político en el que los partidos bisagra consiguen un papel determinante excesivo como consecuencia de su posición privilegiada sobre el tablero político.

La legítima aspiración de cada partido a triunfar en las elecciones por mayoría apabullante para formar gobierno no es óbice para que todos aquellos que se presenten a estos comicios se posicionen con claridad, sabiendo que ese escenario de mayorías absolutas parece improbable. Esta misma semana, por ejemplo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dejó entrever que no habrá alianzas de gobierno hasta las elecciones generales. Siendo legítima la aspiración de esta nueva formación que se hace hueco en los caladeros de votantes o exvotantes populares, debería dejar claro si permitirá al menos la gobernabilidad de las instituciones allí donde sus votos sean decisivos. La misma reflexión cabe en el caso de Podemos, que no ha querido mojarse en municipales con candidaturas propias para evitar que el aluvión de nuevos militantes corrompiera la supuesta pureza de su movimiento político. Y también sirve para el resto: IU, nacionalistas o regionalistas como el PAR o la CHA en Aragón, otros minoritarios o candidaturas e independientes, e incluso para los dos partidos dominantes, PP y PSOE, que hoy no tienen claro siquiera que vayan a ser una de las dos formaciones dominantes, como ha venido sucediendo.

El votante que en unos días comenzará a recibir incesantes mensajes tiene derecho a saber hasta dónde llegan las aspiraciones de unos y otros. La situación es especialmente urgente en el caso de las comunidades autónomas, pues en los ayuntamientos, si no se produjeran acuerdos entre varias fuerzas, acabaría gobernando la lista más votada aunque fuera en precario. Y Aragón es, en este ámbito, un ejemplo paradigmático pues se prevé que puedan estar representadas en las Cortes hasta siete fuerzas políticas. ¿Harán los candidatos el esfuerzo de decir con quiénes están dispuestos a pactar o con quiénes no? ¿O al menos explicar en qué consisten esas líneas rojas? La maduración de la democracia española no sería completa sin un proceso de esta naturaleza, que ensancha los límites de un sistema de alternancia ideológica PP-PSOE hacia escenarios más complejos, a los que otros países europeos están más acostumbrados.

Por todo ello, y pensando en el escenario de unas elecciones estatales, las del 2015 son las autonómicas más complejas desde la entrada en vigor de un Estatuto de Autonomía, y probablemente las más importantes para testar la madurez del sistema y de sus políticos.