El paso del bachillerato a la Universidad es un momento importante en la vida de un joven, y a menudo repercute en su familia. Por ello la regulación de ese paso debe realizarse con garantías de justicia y equidad, en particular los estudiantes, también sus profesores, tienen derecho a conocer con suficiente antelaciónn los criterios de esa regulación, que en definitiva determinaría quiénes serían admitidos en los distintos grados universitarios.

El gobierno en funciones ha esperado al último día del pasado mes de julio para publicar un real decreto que afecta sustancialmente a la admisión a la universidad a partir del año próximo. El gobierno se mantiene en lo que al respecto dice la LOMCE, a pesar de que fue aprobada en contra de todos los partidos distintos del PP. Regula la prueba final de bachillerato, la llamada reválida, cuya calificación supone al menos el 24% en los criterios de admisión a las universidades públicas (el 40% en la calificación de bachillerato que supone el 60% en la admisión). Pero si, como es previsible, las universidades no hacen pruebas por su cuenta porque aún sería mucho peor, la calificación de la prueba junto con la de algunas materias de la misma podrían suponer hasta el 64% en los criterios de admisión.

Además el citado decreto no concreta ni las características de la tal prueba ni los criterios de admisión a las universidades. Aún falta una orden ministerial que dé paso a las comunidades autónomas en la organización de la prueba. El ministerio se da tiempo, hasta el 30 de noviembre, para establecer las caracteríticas, el diseño y los contenidos de la prueba. La LOMCE se publicó a finales de 2013, así que puestos a no consensuar con nadie se podía haber diseñado la llamada reválida al menos hace un año. Parecía que el gobierno, a la vista de las críticas, iba a paralizar la ley prorrogando los procedimientos anteriores hasta diseñar algo más consensuado y sobretodo, ya que no había sido capaz de desarrollarlo hasta ahora, no alargar el diseño de los detalles hasta más allá del mes de septiembre.

El curso comenzará en pocos días y los profesores no conocen el tipo de prueba ni quiénes van a poner los exámenes, haciendo imposible la coordinación de los profesores responsables de cada materia en sus centros de bachillerato con los examinadores. No se sabe todavía la libertad que podrían tener las comunidades autónomas y mucho menos cómo estas resolverían la organización puesto que aún no se les han dado las instrucciones necesarias. No es de recibo que empiece el curso sin que todos estos detalles estuvieran ya bien claros para todos.

Pero el gobierno publica el decreto en verano y deja claro que no se retrotrae de ninguna parte de la LOMCE. Ahora todas las universidades públicas tendrán que aprobar en sus consejos de gobierno los criterios complementarios que afectarán en un 40% para la admisión a los grados, y lo harán, según dice la LOMCE, con casi total libertad. ¿Para cuándo las universidades lo tendrán aprobado? Este primer año en el que la prueba no es necesaria para obtener el título de bachillerato, parece que incluso cada universidad puede decidir si admite a bachilleres que no hayan superado la prueba. Con el anterior sistema de admisión las universidades tenían un pequeño margen de decisión en el valor de las asignaturas de la fase específica que suponían 4 puntos sobre 14 (31%), mediante la asignación de parámetros a determinadas materias. Además se obligaba a las universidades a publicar los valores de estos parámetros con tiempo para que lo supieran los estudiantes afectados antes de empezar primero de bachillerato.

El retraso de este gobierno en un tema tan importante es inadmisible. Al menos el gobierno podría haber reconocido su inutilidad en la gestión y haber prorrogado el procedimiento de admisión anterior un año más. Se podían haber hecho unas pequeñísimas adaptaciones obligadas por el cambio de los currículos de bachillerato. Así, aunque tarde, el curso empezaría con todo claro.

Finalmente creo que es un grave error dejar tanta libertad a las universidades. Por una parte trasciende la tarea de las universidades y repercute en la enseñanza secundaria. Pero sobre todo repercute en el modo de entender la igualdad de oportunidades.

La propia autonomía universitaria hace difícil que las universidades se pongan de acuerdo para diseñar procedimientos similares. Si se considera bueno que los procedimientos sean similares deberían estar regulados por el gobierno, como ha ocurrido en toda nuestra democracia sin que tal hecho haya sido criticado. Si las universidades tienen procedimientos de admisión muy distintos, como ocurre con las universidades privadas, es muy difŒcil para determinadas clases sociales el conocimiento siquiera de tales procedimientos y crea para todos dificultades añadidas en este paso a la universidad. El gobierno, a mi entender, hace dejación de sus funciones al dejar en manos de las universidades tan importante tema. El gobierno debería consensuar con ellas y con las administraciones educativas de secundaria el procedimiento y asumir la responsabilidad de su diseño con el tiempo necesario para que todos los afectados lo conozcan antes de empezar su bachillerato. Profesora. Universidad de Zaragoza