El independentismo catalán sacó ayer el máximo provecho de las imágenes de cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los colegios electorales que acontecieron en el referéndum ilegal del 1-O. Los vídeos y las fotos de policías porra en mano y de ciudadanos ensangrentados desplazaron el foco del verdadero asunto que se dirimía el domingo; esto es, un golpe contra la legalidad de un país como España cuyos estándares democráticos están reconocidos por sus socios europeos y por todos los organismos serios del mundo. La prensa internacional convirtió una felonía democrática en un suceso entre votantes y agentes, simplificando lo acontecido el domingo. Perdida por Mariano Rajoy esa lucha por la imagen, ayer se produjeron reacciones en Europa y en el mundo poco favorables a su Gobierno. La Comisión se mantuvo firme en la idea de que el 1-O es ilegal y de que se trata de un asunto interno español, pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió al presidente español a «encontrar vías para evitar la escalada y el uso de la fuerza». La ONU pidió «una investigación rigurosa sobre los actos de violencia» y la OSCE, respeto a las libertades.

Pero esta sinrazón independentista ni puede ni debe dirimirse en escenarios internacionales, por más que el presidente de la Generalitat mantenga sus intentos torticeros de retorcer la realidad. Carles Puigdemont pidió ayer la mediación internacional, una propuesta contradictoria con su actitud de dar por vinculante, limpio y legal el referéndum y de tramitar la declaración de independencia. ¿En qué quedamos?

Mientras tanto, Rajoy se reunió en la Moncloa con los líderes de PSOE, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana como telón de fondo. Si finalmente la Generalitat lleva al Parlament los resultados del referéndum fallido y una mayoría de la Cámara invoca la independencia de Cataluña, al Gobierno no le quedará más remedio que poner en marcha ese artículo. Y a la oposición, retratarse. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya se ha mostrado partidario de su aplicación. No así, por el momento, un Pedro Sánchez que sigue invocando el diálogo con la Generalitat. Las fuerzas constitucionalistas deben mantenerse firmes, ante una nueva jornada de agitación en las calles de Cataluña con un paro general que se convertirá en una nueva soflama independentista.