El congreso sobre despoblación del medio rural celebrado esta semana en Huesca ha puesto de relieve la necesidad de que las administraciones públicas aborden con decisión un problema de Estado acuciante. Un asunto que no es un hecho aislado en España, pues trasciende fronteras y afecta al conjunto de Europa, llena de desequilibrios. No en vano, la cita altoaragonesa ha coincidido en el tiempo con la presentación en el Parlamento Europeo de un informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico. Un documento básico para que los países puedan recibir fondos comunitarios a la lucha contra la despoblación.

Las administraciones son plenamente conocedoras del problema, pero sin legislación adecuada y sin instrumentos suficientes será imposible revertir la situación. Un ejemplo a seguir lo encontramos en la Declaración de Despoblamiento del Medio Rural, firmada por diputaciones de toda España, ayuntamientos, mancomunidades, comarcas y agentes sociales y empresariales con motivo del primer congreso de esta naturaleza celebrado en Cáceres. Ese documento contiene un auténtico arsenal de medidas cuyo progresivo despliegue sería suficiente para ver resultados en el corto plazo.

Gran parte de la soluciones se encuentran en las nuevas políticas municipales marcadas desde los respectivos gobiernos autonómicos, pues no en vano los ayuntamientos son pieza clave para garantizar la vida autónoma en pequeños municipios, con servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades. Entre las numerosas iniciativas conocidas estos días en Huesca quizás la más llamativa fue la presentada por la Generalitat Valenciana, un proyecto de ley antidespoblación con medidas fiscales como exención de tasas o deducciones en el tramo autonómico renta, un régimen urbanístico simplificado o un estatuto de los municipios.

La vida en el medio rural es posible si se tienen claros los objetivos, y el primero de ellos pasa por las fórmulas de mancomunar servicios que favorezcan las economías y eviten duplicidades. No todos los municipios pueden ofrecer todo a cualquier precio, y menos desde que se plantearon mecanismos de control económico que impiden deudas insostenibles.

Pero siendo importante la económica pública, el futuro de los asentamientos estables y continuos de población rural (conceptos importantes los de estabilidad y continuidad) tiene mucho que ver con el desarrollo económico privado. Se deben procurar las condiciones para el desarrollo de actividades empresariales rentables y sostenibles, respetuosas con el entorno. Solo así, con concienciación y con una correcta simbiosis entre esfuerzos públicos y privados se paliará la sangría poblacional del medio rural.