El concejal de Servicios Públicos de Zaragoza, Alberto Cubero, lleva toda la legislatura con una obsesión: proteger los derechos de los trabajadores de las contratas. Así, celebró ayer que el tribunal aragonés de contratos públicos apoyara las tesis de ZeC sobre las cláusulas sociales para la nueva concesión de parques y jardines. El asunto estaría muy bien si no fuera porque cualquier mejora en las condiciones laborales en estas contratas acaban redundando directamente en un coste para la Administración. ¿Y quién pagará esa factura...? ¿Las empresas concesionarias que se presentan a los concursos buscando una rentabilidad o los sufridos contribuyentes que pagan sin rechistar cuando les llega el recibo cada mes?