La oferta de empleo público que el Gobierno Central y autonómico se han comprometido a sacar, desbloqueando las diferentes ofertas de las administraciones, es una buena noticia: recuperar más de 250.000 empleos en tres años, solo demuestra los niveles de precariedad y falta de provisión de plazas en sectores esenciales para la vida de los ciudadanos; mejorar el funcionamiento de los servicios públicos sin reponer bajas por enfermedad o jubilación es una quimera, un error, consecuencia de las ansias recortadoras del Gobierno, que nos ha llevado a descargar en la espaldas de los trabajadores públicos más trabajo y más responsabilidades, «compensándoles» con recortes salariales y pérdida de derechos.
Choca ver cómo han cambiado de criterio Montoro y los Departamentos de Hacienda y Función Pública en escasas semanas. Los mismos que han creado esta situación y se oponían a cualquier oferta de empleo público, corren a corregirla sin argumentos sólidos y creíbles, sacando una «lluvia» de ofertas reclamada desde hace años por colectivos, sindicatos y trabajadores afectados. ¿Cuesta tanto aceptar que la sentencia del Tribual de Justicia de la UE acusando de fraude y de discriminación laboral a toda la administración pública española es el origen de tal conversión? Ha tenido que ser Bruselas, como en el caso de la Ley Hipotecaria, la que nos saque los colores en materia de injusticia y discriminación.
El compromiso de rebajar la precariedad al 8% en tres años partiendo del 24% de media en el país, es un reto muy complicado. Conseguirlo en Aragón con el 34%, un milagro. La experiencia vivida en estos últimos años con el acceso a la función pública aragonesa y administración local, es decepcionante; el retraso en la puesta en marcha de las ofertas, hace que se estén ejecutando algunas con once años de retraso, cinco ofertas de empleo público han sido declaradas nulas por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública aragonesa. La judicialización por profesionales de la «cosa» de los procesos es un sustancioso negocio para algunos bufetes, el ahorro que su dilación supone para mejorar déficit, es un recurso que, unido a la escasa atención prestada por los responsables de función pública, y la enorme demanda,( 4667 personas se presentaron el pasado 2 de abril para 260 plazas libres) han convertido un derecho constitucional, (art. 23.2 y 103 de la Constitución), en una utopía para quién desea acceder .
Si tenemos en cuenta que un 65% de los trabajadores públicos aragoneses supera los 53 años (el 70% personal femenino) y la tasa de reposición ha encorsetado las plantillas en servicios fundamentales como la sanidad y la educación, imposibilitando mejorar y atender nuevas necesidades y demandas, la previsión de cubrir 17.700 plazas en tres años queda muy lejos de la necesidad a medio plazo, salvo que tras cumplir el expediente quieran suplirlo con una administración paralela, en base a concesiones, convenios y acuerdos de carácter empresarial.
Seguramente las oposiciones son un sistema viejo y poco eficaz para seleccionar el personal de una administración del siglo XXI; invertir años en un éxito improbable es un derroche de energías y recursos que no está al alcance de todos, adquirir conocimientos para superar pruebas con escasa relación del trabajo a realizar no es lo más motivador. Su éxito está, además de las condiciones de estabilidad y relaciones laborales en la función pública, en la definición que el Art. 103.3 de la Constitución hace de cómo el acceso debe ser de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Atractivo nada desdeñable en el mundo actual, donde la discriminación por sexo y edad en la empresa privada se convierten en barreras de futuro.
Estos principios forman parte del núcleo central del Estado, garantizan la independencia, profesionalidad y continuidad del mismo, indiferentes al color de quien gobierna, posibilitan que hayamos estado un año en funciones sin perceptibles zozobras.
Es preocupante como unos principios tan claramente garantistas para todos quieran soslayarse con el subterfugio de municipalizar servicios, recuperando actuaciones o eliminando concesiones. Nada impide anular o incorporar a las actividades de cualquier institución los servicios cedidos, pero todos los trabajadores deben tener los mismos derechos y las mismas condiciones de acceso a las plazas recuperadas, como bien dice la CE. No menos preocupante es el descontrol, la falta de tutela jurídica y profesional de los tribunales. Algunas convocatorias, como el proceso selectivo de auxiliares administrativos es ejemplo de ello.
Se convocaron 133 plazas. Cuarenta días antes de las pruebas el tribunal publicó los baremos y el número de preguntas. Tras la celebración del ejercicio, viendo que el número de aspirantes aprobados era escaso (32 personas), el mismo tribunal modificó los baremos ampliando el número de aprobados, lo cual hizo que la dirección general de Función Pública cambiase el tribunal, ratificándose la lista inicial de 32 aprobados. Ante el recurso de alzada interpuesto, los servicios jurídicos de la administración informan a favor de levantar la suspensión cautelar y continuar con los 32 aprobados. Es la misma administración, quien tras pedir opinión no vinculante al Consejo Consultivo de Aragón, la que anula el proceso y convoca nuevas oposiciones. ¿Quién asume responsabilidades de este «desaguisado»? Nadie. ¿Quién sufre las consecuencias? Los ciudadanos que optaron. ¿Dónde quedan las garantías constitucionales?
*<b>Profesión</b>
