No lo tiene fácil la subcomisión del Parlamento para alcanzar un acuerdo, todos los intentos anteriores fracasaron. En nuestro país se dan una serie de variables que dificultan el acuerdo: dos redes educativas potentes (a diferencia de Europa) defendidas cada una por una parte importante de la comunidad educativa, la influencia de la Iglesia (otra diferencia), la financiación que necesita el sistema educativo y una serie de temas de carácter pedagógico y organizativo que se han enquistado.

Las dificultades que hicieron fracasar otros intentos anteriores, son de nuevo el escollo insalvable en el trabajo de la subcomisión parlamentaria para consensuar el pacto, en este caso la dificultad es la financiación del sistema educativo. Ante la propuesta de PSOE y Podemos de recuperar los 9.000 millones de euros que se perdieron durante la crisis y negociar una temporalidad para alcanzar la media de la UE, el PP propuso aportar 5.000 millones hasta el 2025. Las diferentes posiciones están muy lejos del consenso.

Se acordó un índice con 15 puntos para negociar, de entre ellos hay varios que no deberían representar grandes problemas: estructura del sistema educativo, ordenación académica, modelo de centro, enseñanzas artísticas, metodologías, formación profesional; otros, sin embargo, tienen mayor dificultad: financiación, equidad e inclusión, profesión docente (Estatuto docente), redes de centros, participación de la comunidad educativa y enseñanza de las religiones.

La educación en valores sigue sin consenso desde la transición, la alternancia en el Gobierno conlleva a delegar en la religión ese cometido y dar con ello un papel relevante a la nota de Religión o bien a considerar que educar en valores es una obligación de todo el claustro y no solo de una confesión religiosa. La Religión, al ser esta una opción personal, debería quedar en ese ámbito y la escuela centrarse en la formación humanística, con el conocimiento de las diversas religiones y en la transmisión de valores universales.

La importancia de tener unos presupuestos de mínimos incide de forma negativa en el trabajo de otros apartados como la equidad, la inclusión y la garantía de la igualdad de oportunidades, es decir, una enseñanza bien financiada es la mejor forma de solidaridad con el alumno que más necesita ayuda en su proceso de aprendizaje. No se justifica que cuando el país está saliendo de la crisis la educación continúe sumergida en ella y mucho menos que el PP se haya comprometido ante la UE a seguir bajando los presupuestos educativos en el año 2020 hasta un 3,67% del PIB, lo que dificulta un posible acuerdo.

Tampoco deben quedar al margen del trabajo de la subcomisión ya que inciden en los problemas reales de los centros educativos otros aspectos. La política de becas y ayudas es clave para garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación. Durante el curso 2011/2012 se dedicaron 492 millones en becas no universitarias y en el 2015/2016 fueron 416 millones, lo que supone un 7,9% menos y la tendencia continúa. Otro de los problemas del sistema educativo español es el abandono escolar prematuro. Aunque en los últimos años las cifras van bajando (en el 2011 el abandono era del 26,5% y en el 2017 bajó al 18%), aun así duplica la tasa de la UE. Según datos del ministerio, uno de cada cinco jóvenes abandona las aulas solo con el título de la ESO (o sin él) y no continúan su formación. La OCDE destaca el bajo impacto de la FP en España, una etapa clave para mejorar la cualificación profesional de los jóvenes en un mercado laboral cada vez más exigente y conseguir que el alumnado una vez cumplidos los 16 años continúe formándose dentro del sistema educativo. Solo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la mitad de la media de la UE que es del 29%, y solo el 3% en la FP Dual, un 16,2% en la UE. No habrá grandes disensos en la subcomisión y urge socialmente conseguir retener al alumnado para seguir cualificándolo y extender la FP Dual como mejor vía de formación y de inserción laboral.

En equidad es donde los recortes presupuestarios han tenido una mayor repercusión. El Gobierno ha retirado o disminuido partidas para la compensación o ayudas al alumnado, ha aumentado las ratios y ha disminuido el número de profesores. Y con respecto a mejorar la convivencia escolar, el ministerio lleva sin convocar el Observatorio de la Convivencia Escolar desde el 2011 y el profesorado está esperando soluciones para revertir los datos que la Fundación ANAR nos aporta: el 71% del alumnado insulta a sus compañeros o profesores, el 51% se pelea y el 29% se encuentra aislado.

Hoy, la escolarización entre las dos redes no es uniforme en todo el Estado y depende de la política que los Gobiernos autonómicos realizan al respecto, priorizando una u otra red según la ideología de cada Gobierno y así: en Andalucía, el 25% de la escolarización está en la privada, Castilla la Mancha, el 18%, Extremadura, el 15% y en Madrid la privada escolariza el 47%, en el País Valenciano, el 34%, en Aragón, el 35%, en Cataluña, el 42% y en el País Vasco, el 49%. El pacto en esta materia ha de basarse en mantener una proporción razonable entre las dos redes con el fin de que la enseñanza pública siga siendo la red que vertebre a la educación en nuestro país.

Muchos retos tiene por delante la subcomisión, muchos problemas enquistados en la comunidad educativa de difícil consenso, seguro que acuerdos puntuales habrá, la duda es que si esos acuerdos son suficientes para poder denominarlos como Pacto Educativo.

*Consejero del Consejo Escolar del Estado