Las siete fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón darían ejemplo si pactaran una propuesta conjunta sobre financiación autonómica. No ha de ser este un asunto de corte ideológico, sino de suficiencia económica para que la comunidad preste los servicios públicos que le han sido transferidos. Mientras una comisión de expertos avanza un modelo consensuado en Madrid, Aragón tiene que pactar una postura unánime para exigir, con otras regiones, que se atienda el criterio de dispersión poblacional, y no solo el número absoluto de habitantes, o el PIB regional. La madurez política de una comunidad pasa por acuerdos en esta materia, y está por encima de intereses partidistas.
