La ley de distribución de responsabilidades administrativas entre entidades locales que habían pactado los socios de Gobierno PP y PAR no saldrá adelante. Aunque el acuerdo inicial contemplaba el recorte del 30% de consejeros comarcales, el PAR se ha echado atrás con el pretexto de buscar un consenso más amplio, algo que no ha esgrimido en múltiples acciones de gobierno o legislativas, que también afectan a todos los ciudadanos y sus representantes. La decisión huele a maniobra electoral, precisamente con un asunto muy sensible en el granero de votos de los aragonesistas.
