Hay muchas razones para estar en contra de la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) y todas ellas voy a desgranarlas a lo largo de estas líneas, pero quizá la razón más contundente es que una vez más el PP ha jugado a la política en solitario, sin entender, quizá nunca lo comprendan, que en democracia es bueno contar y escuchar a todas las partes, que eso enriquece, nos enriquece y nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva más amplia y libre.

Si mala es la ley vigente, por inadaptada e inadaptable al actual contexto urbanístico y con un mercado inmobiliario en coma profundo, ahora se le ocurre al Gobierno de Aragón modificar la LUA y sin ningún pudor asegura que con esta simplificará las fórmulas para obtener licencias urbanísticas, sin darse cuenta que en este momento el verdadero problema es que nadie pide licencias urbanísticas porque el Partido Popular, con sus medidas y recortes, ha paralizado la actividad económica.

ES CASI PATOLÓGICO y absolutamente cínico pensar, tal y como hacen PP-PAR, que la actual LUA ha favorecido una situación de exceso de suelo clasificado, olvidando --su amnesia es absoluta-- que fue la ley de suelo estatal de la etapa de Aznar, cuando era presidente del Gobierno, la que puso España en venta. Cómo no recordar eso de que todo el suelo no urbanizable era susceptible de ser edificado a propuesta de sus propietarios. Principio ideológico que nos ha llevando donde estamos y que el PP debería asumir: ellos prendieron la llama y el PSOE continuó echando gasolina año tras año.

La falta de visión de conjunto del Gobierno de Aragón es total, y las perlas abundantes. El consejero Rafael Fernández de Alarcón señaló el otro día, tras el Consejo de Gobierno, que la regulación urbanística está dificultando la creación de vivienda y trabajo, lo cual es absolutamente falso y desacertado, ya que lo que realmente está dificultando la creación de nueva vivienda es el exceso de oferta de la misma, oferta que no es asimilada porque se encuentra absolutamente sobredimensionada y porque los ciudadanos no tienen acceso al crédito, ya que las entidades financieras están más preocupadas por dotar las provisiones que les ha obligado a hacer el Gobierno de España, que en dinamizar un mercado inmobiliario estrangulado por la falta de crédito a ciudadanos y empresas del sector.

EL PAROXISMO de la desfachatez se produce cuando Fernández de Alarcón afirma que con la reforma de la LUA cada municipio deberá tener un plan general y el ayuntamiento tendrá "muchísimas más posibilidades" de ordenar la actividad urbanística "de acuerdo con sus criterios y necesidades". Una vez más olvida la realidad de esos ayuntamientos a los que el PP quiere ahogar hasta la extenuación. Los ayuntamientos, señor Alarcón, en su gran mayoría no tienen ni técnicos para poder hacerlo, ni dinero para contratar su redacción, como se ha venido demostrando durante el periodo de vigencia de la actual LUA, ahora con más motivo dadas las enormes restricciones presupuestarias, impuestas por su Gobierno, y el de sus correligionarios madrileños.

Su falta de visión se termina de constatar con la afirmación de que, justo en estos momentos de asfixia económica municipal y de falta de dinamismo de la demanda de vivienda, es necesaria la pérdida del papel del urbanismo como mecanismo de financiación municipal y me gustaría señalar que hace ya cuatro años, al menos, que el urbanismo no financia nada en el Estado español, entre otras razones, gracias a las equivocadas políticas de suelo y vivienda, primero del PP y después del PSOE.

¿Puede este anteproyecto de ley ser permeable a posibles evoluciones del marco normativo estatal y, a la vez, adaptarse a la realidad del territorio aragonés? Eso afirma el consejero, sin rubor, y sin que los cimentos técnicos de cualquier ordenamiento jurídico que se precie, tiemblen. Pero ya se sabe, estamos ante un consejero que en el marco de lo jurídico y del respeto al Derecho, esta vez urbanístico, deja mucho que desear. Los problemas acuciantes, señor Alarcón, del urbanismo aragonés no se solucionan, ni con la ley vigente, ni con su proyecto.

Los problemas del urbanismo aragonés que, hoy, son los mismos que los del resto del Estado, se solucionan con una reforma financiera y de la fiscalidad urbanística e inmobiliaria urgente, y porque el Gobierno de Aragón empiece, de una vez, a buscar fórmulas para que el estoc de vivienda vaya reduciéndose paulatina y progresivamente, cosa que esta ley y su departamento ni contemplan.