La reciente publicación del Plan General de Pesca para 2017 ha levantado ampollas entre los propios pescadores y los responsables de los municipios que tienen en esa especialidad deportiva una buena fuente de ingresos. La obligatoriedad de sacrificar las especies invasoras complica las espectativas de los pescadores y, si estos fallan, los ingresos de localidades en torno a los pantanos, entre otras, temen una repercusión negativa que en el caso de Caspe se estima un un tercio de su economía. La defensa de la fauna autóctona debe ser un objetivo, pero convendría valorar las afecciones sobre la vida de poblaciones que tienen en el turismo de la pesca uno de sus pilares económicos. Hay que evaluar más los riesgos.