Cómo no escribir sobre las pensiones! A pesar de su complejidad me meto en el charco con toda mi ingenuidad. Lo bueno de las movilizaciones en la calle es que luego aparecen en los medios de comunicación de masas y, así, se convierten en la cuestión principal de la agenda política. También es cierto que la voracidad y demagogia de los partidos políticos intentan hacerse con la tajada mayor de la tarta reivindicativa. Para ello usan expresiones genéricas, eslóganes improductivos, obviedades o utilizan información solo al alcance del gobierno.
Una cuestión previa: las pensiones son fundamentalmente un problema político, con una dimensión fuertemente técnica. Pero en este orden. Una segunda cuestión: el asunto principal del que deberíamos hablar es de una política fiscal justa y progresiva, o sea, de donde sacamos los ingresos del Estado, y de una política de rentas, o sea, cómo se distribuye la renta de nuestro país. Más tarde, aparecen las pensiones como un subproducto de las dos cuestiones anteriores.
El asunto de las pensiones es algo que hay que empezar a trabajar con rigor entre todos los partidos políticos, con sus asesores técnicos respectivos. Para ello existe el Pacto de Toledo, que data del año 1995 y que fue un acuerdo parlamentario aceptado por todos con buen resultado hasta 2013. Con la crisis financiero-económica, que no es más que un pretexto para modificar radicalmente el modelo funcional de sociedad, comienza a quebrarse el modelo de Seguridad Social y, por tanto, de las pensiones. Los recortes desde 2010 y el adelgazado Estado de bienestar marcan una regresión en el proceso social español desde la instauración democrática.
1) En primer lugar, y urgentemente, hay que derogar el índice de revalorización de las pensiones (vigente desde 2013), ya que el 0,25% reduce realmente el poder adquisitivo de las prestaciones. El gobierno del PP lo implantó siguiendo una propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de congelar las pensiones y que, curiosamente, coincide con un mayor desarrollo de los planes de pensiones privadas en nuestro país. Sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tiene también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. Y no solo es grave la «congelación-devaluación» del 0,25% , sino que, según un informe reciente del Banco de España, esta «congelación-devaluación» podría llegar en el tiempo hasta 2060, si seguimos dando por bueno el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.
Esta devaluación va en contra de la práctica de casi todos los países de la UE, que garantizan como mínimo el mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensionistas. Pero es que, además, es una práctica incumplidora de la Constitución Española (CE), que en su artículo 50 conmina expresamente a los poderes públicos a «garantizar la suficiencia económica de los mayores a través de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas». Por cierto que también es un incumplimiento del Pacto de Toledo que defiende como principio el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
2) La decisión de aumentar la edad laboral desde los 65 a los 67 años es una barbaridad teniendo en cuenta el paro de edad joven y media que hay en España. Porque lo importante no es tanto la ratio entre el número de empleados y el de pensionistas sino la productividad de los empleados. Y con las nuevas herramientas y técnicas laborales la productividad es progresivamente mucho mayor.
3) El Estado es un todo en el que no cabe una distinción artificial entre la Seguridad Social y el Estado propiamente dicho. Por lo tanto, son los ingresos totales del Estado los que deben garantizar el mandato constitucional en un Estado social de derecho, independientemente de toda distinción formal y administrativa que quiera hacerse. La Seguridad Social es parte de la Hacienda Pública y su financiación no debe proceder solo de las cotizaciones sociales.
4) No contentos con la devaluación del 0,25%, nos amenazan con la aplicación de un próximo factor de sostenibilidad (vincular las pensiones a la esperanza de vida). Máxime cuando el gasto actual en pensiones de jubilación en España es muy inferior al de los demás países de la UE, y cuando las proyecciones a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas. Por lo que el factor de sostenibilidad es un mero pretexto para seguir con la merma del modelo social que hemos disfrutado hasta ahora.
Concluyendo: los dos hachazos infligidos al sistema de pensiones (la desvinculación de la pensión al IPC y la vinculación a la esperanza de vida) suponen una degradación del Estado de bienestar conseguido a lo largo de casi cuarenta años. Si a ello añadimos la falta de empleo y su precarización, la famosa crisis no solo no ha finalizado sino que constituye el núcleo esencial del nuevo modelo social.
*Profesor de Filosofía
