Poco ha publiqué el artículo Misiles y autopistas versus pensionistas, cuya idea clave era que para el gobierno actual el gasto en armamento e infraestructuras era prioritario al de las pensiones, ya que estas no serán revalorizadas según el IPC previsto en el 2017. Hoy profundizo más sobre las pensiones, tema crucial para la sociedad española, del cual las informaciones que llegan a la ciudadanía son parciales y con una orientación unidireccional desde los medios de comunicación tanto públicos como privados. Por ello, el mensaje que está calando es muy simple «cada vez las pensiones públicas serán más reducidas por cuestiones demográficas -envejecimiento de la población- o insuficiencia de las cotizaciones: por tanto, si aspiramos a una vejez sin sobresaltos debemos suscribir planes de pensiones privados».
En los meses de noviembre y diciembre pasados en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Toledo ha sido la más operativa, con 9 comparecencias. La primera de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez y la última del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto del Ministerio de Hacienda, Alberto Nadal. También comparecieron los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme; de los sindicatos CCOO y UGT; de las organizaciones de trabajadores autónomos, UPTA y ATA; y del ámbito académico, Santos Ruesga e Ignacio Zubiri catedráticos de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y del País Vasco respectivamente; y José Antonio Herce, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Las intervenciones con las respuestas a las preguntas planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios están accesibles en la web del Congreso de los Diputados www.congreso.es.
Hubo dos planteamientos distintos. Para el gobierno y la patronal la garantía del sostenimiento del sistema de pensiones públicas lo fían al crecimiento económico, que incrementará el empleo y por tanto las cotizaciones. Para los sindicatos y Santos Ruesga e Ignacio Zubiri, el crecimiento económico no garantiza tal sostenimiento, ya que el empleo creado muy precario no supondrá ni incremento ni mantenimiento de la cifra total de las cotizaciones. En cuanto al recurso a los planes de pensiones privados, según Zubiri, no van a resolver el problema de las pensiones por varias razones. Primero, hay un problema de equidad, porque si la gente ha de pagar sus pensiones con planes privados, a los trabajadores actuales les estaríamos haciendo pagar dos pensiones: las de los jubilados y las suyas. Además que la mayoría de la población no tiene capacidad de ahorro, o por los salarios tan bajos y porque sus ahorros se van a la vivienda. Y a su vez la cantidad que habría que ahorrar para tener un capital significativo en pensiones privadas sería muy grande por la naturaleza del sistema de capitalización y, porque los gestores de pensiones en España se han mostrado mucho más hábiles en cobrar comisiones que en obtener rentabilidades. Un estudio realizado por un grupo de profesores del IESE, dirigido por Pedro Fernández, dice que entre diciembre de 2000 y diciembre de 2015 la rentabilidad anual del IBEX fue del 4,62, la de los bonos del Estado del 5,40 y la de los fondos de pensiones del 1,58.
No somos un país que gaste mucho en pensiones; al contrario, menos que Francia, Alemania, Italia, y en un porcentaje importante de hasta 3 puntos del PIB. Por la vía del gasto para solucionar el problema de las pensiones hay que acabar con el índice de revalorización actual. Las pensiones no pueden caer en valor real. Hay que eliminar el factor de sostenibilidad que no se deben ajustar por la esperanza de vida, pero sí pueden tener un factor de ajuste porque si el gasto pasa de un determinado nivel se retrasa la edad de jubilación. El Estado podría asumir los gastos de administración de la Seguridad Social, que son 3.825 millones en 2016. Tarifas planas y reducciones de cuotas en bonificaciones para generar empleo que no sean a cargo de la Seguridad Social, que suponen unos 3.500 millones, y si se mantienen que las asuma el Ministerio de Empleo, aunque hay unanimidad por parte de los economistas que tales medidas tienen poca efectividad sobre la creación de empleo.
Por los ingresos, a corto plazo hay que subir las cotizaciones de los trabajadores en 2 o 3 puntos. No existe una razón bíblica por la cual las pensiones tengan que pagarse exclusivamente con cotizaciones. Si no alcanzan se recurre a los impuestos, que no es ninguna novedad; muchos países las pagan total o parcialmente, de hecho la excepción son los que se limitan a las cotizaciones. Hay países que asumen el déficit con impuestos: Luxemburgo, Reino Unido, Noruega, Irlanda. En Dinamarca una pensión básica se paga exclusivamente con impuestos. No hay más remedio que poner más dinero en el sistema por cotizaciones, impuestos o incluso vía endeudamiento. De no ser así los pensionistas serán cada vez más pobres. ¿Es eso lo quiere la sociedad española? Intuyo que no. H *Profesor de Instituto
