La decisión del Gobierno de Aragón de extinguir el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y asumir sus competencias en una nueva dirección general es la ejecución de un compromiso que ya había adquirido el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona. Pero la conversión ha generado protestas sindicales por la fórmula elegida para que 35 empleados del instituto pasen a la DGA como personal laboral a extinguir, lo que consideran que es perpetuar el modelo clientelar que se le ha reprochado a esta entidad. La polémica ha acompañado habitualmente la selección de personal del IAA. La fórmula laboral elegida para finiquitar el instituto quizá hubiera que haberla consensuado con los sindicatos.
