Dijo ayer el consejero Vicente Guillén que para que un pueblo no repita errores pasados debe conocer su historia. Y tiene toda la razón. Por eso es muy importante que Aragón tenga su propia ley de Memoria Democrática. Un texto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, que complementará a una ley estatal que todavía no ha dado todos sus frutos. El texto que el Gobierno autonómico envía a las Cortes ha sido mejorado con aportaciones de colectivos, y consigue una regulación activa basada en principios de verdad, reparación y justicia. Que busque el resarcimiento de quienes fueron mano de obra forzada, exiliados políticos o bebés robados es una muestra de su pertinencia.
